SANTIAGO.- El 4° Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para conocer la querella presentada el lunes por diez de los "33" mineros de Atacama contra sus ex abogados por los delitos de estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación.
De acuerdo a la resolución del tribunal, el principio de ejecución de los hechos descritos en el libelo -patrocinado por el abogado Alejandro Peña- "está dado mientras ellos se encontraban al interior de la Mina San José, la cual está ubicada en la comuna de Caldera".
Por ello, se derivaron todos los antecedentes al Juzgado de Garantía de esa ciudad, que ahora deberá resolver la admisibilidad de la acción judicial.
La querella fue ingresada el lunes por Luis Urzúa, Juan Carlos Aguilar, Jorge Galleguillos, Víctor Zamora, Richard Villarroel, Osmán Araya. Mario Gómez, Claudio Acuña y Ariel Ticona.
Ayer, en tanto, se sumó el minero Edison Peña.
Los trabajadores acusan a los abogados
Remberto Rodrigo Valdés Hueche y Fernando Darío García O´Nell -este último vinculado al estudio Carey- de haber incurrido en una serie de maniobras fraudulentas y engañosas para inducir a error a los "33", haciéndoles creer que tendrían una sociedad administrada por ellos, para, en definitiva, perjudicarlos y apropiarse de partidas de dinero que les corresponden.
Según se detalla en la acción judicial, los mineros fueron contactados por Valdés antes de su rescate, pero fue en diciembre de 2010 -durante el viaje de los sobrevivientes a Santiago para participar de la Teletón- cuando se reunieron con los profesionales en Estudio de Abogados Carey.
Dos días antes del encuentro, agrega la querella, los querellados habían creado una sociedad, MSJ, emulando el nombre de la mina San José, la que quedó constituida por Remeberto Valdés y una sociedad vinculada al estudio Carey, liderada por Fernando García O´Nell.
Dicha reunión habría estado marcada por la orden de los abogados, quienes les habrían informado a los mineros que sino firmaban en 30 minutos, no habría ni libro ni película.
Posteriormente, según se explica en el libelo, los querellados crearon PIM, una sociedad por acciones en la cual -por medio de engaños- se les hizo creer a los 33 de Atacama que ellos tendrían en el control de ésta, sin embargo, ella era dirigida por Valdés y García, quienes a fines de diciembre de 2010 se nombraron directores de la sociedad, quedando los mineros sin acceso a los movimientos financieros y actas de sesiones de directorio, entre otras actividades.
