Ello, porque según estimó el tribunal, la única medida cautelar acorde a la gravedad de los delitos que le imputó el fiscal Francisco Lanas es la privación de libertad del imputado, quien fue identificado como Héctor Manuel Palma Sáez.
De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, el detective contactaba a las mujeres a través de internet para luego concretar encuentros en departamentos en Providencia y Las Condes.
Una vez en el lugar, y aprovechándose de su calidad de policía, las amenazaba con detenerlas y develar su profesión si ellas no accedían a realizar servicios sexuales sin costo.
Según relataron las mismas víctimas -dos chilenas y una extranjera- el detective exhibía su placa, su arma y esposas para lograr su objetivo.
La defensa -encabezada por el abogado Engelbert Luna-, sin embargo, descartó que existiera delito, argumentando que su cliente pagó por los servicios y que ello será demostrado en el transcurso de la investigación.
El tribunal, en tanto, otorgó 60 días para indagar.
Los hechos quedaron al descubierto en el marco de una investigación paralela por trata de personas, cuando una de las mujeres extranjeras relató uno de los encuentros con el policía civil.
Por ello, la Fiscalía solicitó una orden al tribunal para interceptar el teléfono del imputado y evidenciar su responsabilidad en los hechos denunciados y que hoy le fueron atribuidos en la audiencia de formalización.
La Policía de Investigaciones, en tanto, informó que Palma Sáez fue separado de sus funciones y expulsado de la institución.
En un comunicado, la institución expresó su "irrestricto compromiso y apego al Estado de Derecho vigente, reiterando a la opinión pública que continuará adoptando las más drásticas medidas frente a miembros que se aparten de la ética y doctrina institucional".
