SANTIAGO.- Agitados han sido los últimos días en la capital de la Región de O'Higgins, Rancagua, donde se concentra la investigación por el bullado caso Caval.
El principal hito fue la tercera declaración del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, donde detalló un supuesto complot político en su contra de parte del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
En tanto, según
"El Mercurio", desde que reasumió la investigación del caso Caval, el pasado 11 de noviembre, tras finalizar su proceso de postulación a la Fiscalía Nacional, el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, reactivó una serie de diligencias para retomar el ritmo de las indagatorias donde se investiga a la sociedad de Natalia Compagnon -nuera de la Presidenta Michelle Bachelet- y Mauricio Valero.
A esto se agrega la opción de que Toledo asuma en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, a pedido del máximo líder del organismo, Jorge Abbott.
Así, el persecutor intentaría dejar, a lo menos, la toma de declaraciones y recolección de antecedentes lo más avanzado posible, e incluso liderar la primera audiencia de imputación de cargos.
En un principio, la tarea del equipo investigador del caso -que integran junto a Toledo el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, y el abogado asesor Octavio Rocco- se enfocó en revisar la información reunida en las múltiples diligencias desarrolladas. Luego, se reanudaron las citaciones para declarar.
En este contexto, se han presentado testimonios considerados "claves" en las últimas semanas. Estos son el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín (26 de noviembre), y Mauricio Valero (4 y 10 de diciembre).
A estos se agregan el director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, quien asistió en calidad de testigo por el formateo del computador del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, quien fue por tercera vez también como testigo.
Incluso, esta semana comenzó con la declaración, por tercera vez, de Dávalos y el martes concurrió a declarar el ex generalísimo de Joaquín Lavín Patricio Cordero, quien ya se había presentado en mayo.
El martes se presentó Carlos Astorga, abogado de Juan Díaz, asesor del síndico Chadwick, quien se entrevistó con los investigadores de la causa. Justamente, la declaración de su representado es uno de los ítems pendientes dentro de la investigación y que es considerada "importante" dentro de la causa.
También, faltaría que el SII decidiera si se querella o no en el caso por posibles delitos tributarios.
Además, según se confidenció en la audiencia donde se discutió el sobreseimiento definitivo del ex seremi de Vivienda de O'Higgins, Wilfredo Valdés, el fiscal Sergio Moya dijo que se están analizando más de 700 GB de correos electrónicos.
Se agrega el análisis de cartolas bancarias y las pericias financieras encargadas a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, que también remitió informes sobre las tasaciones del terreno.