SANTIAGO.- Más de 60 tomos tiene actualmente la investigación del denominado caso Penta, indagatoria en que se pesquisa el financiamiento irregular de la política.
Con miras a ir cerrando el círculo en torno a estas prácticas ilegales, que traen aparejado eventuales delitos tributarios, el fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra -junto al fiscal de Alta Complejidad de esa zona, Pablo Norambuena- se encuentran revisando el expediente completo.
Según informó hoy El Mercurio, el objetivo es enviar un oficio entre hoy y mañana al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el que se solicitarán todas las rectificatorias de empresas que hayan sido mencionadas en alguna declaración de algún imputado o testigo del caso.
Las rectificatorias son aquellas asesorías que han sido desconocidas por las compañías ante el SII en el ámbito administrativo, por ser servicios que no fueron realmente prestados y que -sin embargo- les sirvieron para rebajar la base imponible de sus declaraciones de impuesto.
Este oficio podría abrir nuevas aristas -como las que ya se tramitan con las empresas Ripley y BCI-, pero se trata de una de las formas que encontró la Fiscalía Oriente para despejar cualquier duda respecto a que ellos agotarán todas las diligencias con miras al cierre de este caso.
Hasta el momento no se tiene un total, pero se espera que el oficio al SII contenga, al menos, cerca de 10 firmas que están en la mira de los fiscales que tramitan el caso. El factor común que tendrán es que hayan sido mencionadas por algún imputado o testigo, o que aparezcan en algún antecedente (contabilidad) bajo sospecha.
Empresas requeridas
Uno de los últimos arqueos de esta semana daba cuenta de que entre las empresas respecto a las cuales el Ministerio Público solicitará al SII sus rectificaciones son: Aguas Andinas, Corpbanca, Eurocorp, Montalva a Inversiones Siemel S.A., y Automotores Gildemeister.
La primera fue mencionada en la declaración del ex director ejecutivo de Chilevisión Jaime de Aguirre, quien señaló que a petición de Bancard emitió tres boletas a la firma ligada al negocio del agua potable por $10 millones, sin haber trabajado nunca para esa empresa, sino en el contexto del pago de un bono de $130 millones en que una de sus sociedades facturó, además, para SQM.
De Corpbanca, se solicitará su rectificatoria en base a la declaración de Luis Chaparro, quien en octubre de 2014 declaró que a través de la consultora Pekadocapital -que hizo trabajos para el ex candidato a senador UDI Pablo Zalaquett- facturó $10 millones a Corpbanca pese a no realizar asesoría alguna a la firma bancaria.
De Eurocorp, los fiscales cuentan con la declaración del gerente general de la empresa, Alejandro Ruiz, quien admitió haber realizado aportes a Zalaquett mediante esta vía por un monto de $5 millones con los que se pagó a Reactor SPA, empresa publicitaria del entonces candidato a senador que también facturó para Alsacia. En el caso de Eurocorp este pago se rectificó en 2014, según información llegada al Ministerio Público.
De Siemel y Gildemeister, la fiscalía cuenta con las boletas emitidas por Eduardo Montalva -ex asesor del diputado UDI Iván Moreira- quien está formalizado en el caso y que extendió documentos tributarios a ambas firmas por $7,9 y $11 millones -respectivamente- en el año 2013, época de campaña.
Otras firmas cuya rectificatorias serán solicitadas son Watts, empresa CAP, Inmobiliaria Ecomac, Inversiones Longovilo, Inversiones Paso Nevado, entre otras.
Todas estas fueron mencionadas por Tomás Carrasco, ingeniero cercano a Laurence Golborne, que confesó haber facturado para ellas para aportes a la campaña presidencial.
