Patricio Rosende será quien deba desembolsar más dinero para optar a una suspensión condicional del procedimiento.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Luego de cinco años de investigación penal, finalmente los seis acusados por la fallida alerta de maremoto tras el megasismo registrado en la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010, lograron cerrar un acuerdo con la Fiscalía para suspender el proceso en su contra.
De esta manera, el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina, podrán optar a una salida alternativa al juicio oral a cambio del pago de compensaciones.
Según detallaron a Emol fuentes que conocen las tratativas, Rosende será quien deba desembolsar un monto mayor correspondiente a $80 millones, mientras que Fernández deberá pagar $40 millones. Jamett, por su parte, entregará $5 millones para reparar el mal causado y el resto de los marinos, $40 millones.
El total de los dineros serían entregados a una universidad para el estudio e implementación de un sistema de protección civil que permita evitar la tragedia ocurrida en 2010 que dejó 105 personas fallecidas.
Asimismo, todos deberán firmar una declaración pactada donde se pida perdón por los daños ocasionados.
Todo ello deberá quedar zanjado entre el fiscal regional José Luis Pérez Calaf y las defensas antes del próximo lunes 14 de marzo, instancia en la que se concretarán los acuerdos, dando por finalizado el proceso penal que se extendió por cinco años.
De esta manera, el ex jefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti, es el único condenado en la causa tras aceptar -en un procedimiento abreviado- los cargos por cuasidelito de homicidio en relación a 74 personas que le imputó el Ministerio Público. Por ello, fue sentenciado a 541 días de pena remitida.