SANTIAGO.- Cerca de una hora duró este viernes la reunión entre el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, y los diputados Camila Vallejo y Giorgio Jackson, en dependencias del Ministerio Público.
La cita se concretó luego que los parlamentarios solicitaran un encuentro con el persecutor que lleva adelante la investigación por lucro que involucra a doce universidades.
Tras la reunión, Jackson y Vallejo -miembros de la comisión de Educación- detallaron que la conversación se centró en abordar la preocupación que mantienen "en materia del negocio que existe en la educación superior" y las cientos de denuncias que han recibido por parte de quienes se han visto perjudicados por este tipo de actos.
"Compartimos su frustración respecto a la deficiente legislación en materia de lucro", aseguró Jackson, en alusión a las bajas penalidades asociadas a este tipo de irregularidades que, incluso, no están tipificadas como delito.
Asimismo, el legislador aseveró que por lo anterior "concluimos que tenemos que avanzar en la penalización del lucro (...) y sancionar con penas que estén al nivel de los hechos cometidos".
En la misma línea, Vallejo expresó que durante la cita ambos diputados comprometieron su colaboración para "colaborar en nuestro rol fiscalizador" y de esta manera, que la Fiscalía pueda avanzar en su investigación iniciada hace tres años.
"Nos pusimos a disposición del Ministerio Público para poder no solamente intentar que las causas actuales no queden impunes, sino que poder hacer que haya una sanción no sólo pública, sino legal", reiteró la parlamentaria.
El fiscal Gajardo lleva adelante una indagatoria por presuntas irregularidades de 12 casas de estudios en la obtención de utilidades desde junio de 2012, luego que parlamentarios denunciaran que algunas universidades obtenían ganancia a través de triangulación de dineros.
Según trascendió, la investigación está en su etapa final y se espera que durante el primer semestre de año la Fiscalía resuelva si existen o no antecedentes suficientes para acreditar la ocurrencia de delitos o bien, archiva la causa.
Esto último, porque en la legislación chilena el lucro aún no está tipificado como delito.
El caso por lucro, en tanto, se lleva a cabo de manera paralela al denominado caso CNA, que persigue presuntas irregularidades en la obtención de acreditaciones de las casas de estudio.