SANTIAGO.- El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, respondió a las críticas que recibió el Ejecutivo por haber sido él quien informó sobre la
querella que la Presidenta Michelle Bachelet presentó en contra de la Revista Qué Pasa por injurias, pese a ser una acción judicial impulsada por la Mandataria como persona natural.
Al respecto, el vocero recalcó que La Moneda no está involucrada en el caso y explicó que “el Gobierno no ha anunciado nada, lo que entregamos es la información de algo que me venían preguntando hace varios días, qué va a pasar con las acciones legales que se había dicho se estaban estudiando”.
“Como señalamos en su momento, las acciones legales se iban a ejercer y no se iban a anunciar. Los avances y el curso de la acción judicial, como corresponde, está en manos del abogado de la Presidenta de la República, Juan Pablo Hermosilla (…) el detalle de la acción misma, no es una competencia del Gobierno”, enfatizó.
En esa línea, Díaz subrayó que “cuando se trata de una querella presentada por la Presidenta en su condición de ciudadana, de persona natural, para lo cual ha reclutado los servicios de un abogado, esto está radicado y tiene que estar radicado en el Poder Judicial. Son los tribunales de justicia los que tienen que pronunciarse”.
“Este Gobierno tiene otras tareas y otras responsabilidades y por eso hemos hecho la precisión, lo ha hecho la propia Presidenta dela República, de que esta es una acción presentada en el marco de nuestro Estado de Derecho como ciudadana y corresponde a los tribunales resolverla”, añadió.
Costo político
Consultado sobre los reproches realizados hacia el Gobierno por coartar la libertad de expresión, el secretario de Estado aseguró que eso no ha ocurrido “bajo ninguna circunstancia, el ordenamiento jurídico contempla que incluso quien ostenta cargos de representación popular tengan el derecho de ejercer estas acciones legales”.
“En Chile, quien resuelve estas controversias son los tribunales de justicia, eso es lo que corresponde en democracia (…) Ha recibido críticas y ha recibido también apoyo, es propio de la democracia”, sostuvo.
Finalmente, sobre el costo político que tendrá que pagar el Ejecutivo por poner el caso Caval nuevamente en el centro de La Moneda, el titular de la Segegob indicó que la querella “es una decisión de la Presidenta en su condición de ciudadana y tiene que ver con la defensa de su honra, de su nombre”.
“Por lo tanto, aquí el cálculo no es político, sino que tiene que ver con una convicción de que se ha afectado el derecho de la ciudadana Michelle Bachelet”, dijo, junto con recalcar que “todo lo relativo a la querella corresponde que lo informe el abogado de la Presidenta de la República y no el Gobierno”.
