SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este jueves la libertad del desaforado senador Jaime Orpis y ordenó su ingreso a la cárcel por considerar que la única medida cautelar acorde a la gravedad de delitos que pesan en su contra, es la prisión preventiva.
Ello, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público que insistió ante el tribunal de alzada que la libertad del parlamentario representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
A su vez, la defensa del legislador, quien fue imputado por fraude al fisco, delitos tributarios y cohecho en el marco del denominado caso Corpesca, buscaba dejar sin cautelares a su representado ya que -a su juicio- no existen antecedentes que demuestren la participación de Orpis en los hechos que le fueron atribuidos.
Sin embargo, la novena sala de la Corte de Apelaciones aceptó la pretensión de la Fiscalía y revocó el fallo del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que había ordenado como medida precautoria el arresto domiciliario total.
Según sostuvo una vez más el Ministerio Público, Orpis durante los años 2009 a 2013 estuvo a disposición de los ejecutivos de Corpesca y representó los intereses de la compañía a cambio de beneficios económicos, infringiendo -de esta manera- los deberes propios de su cargo.
Incluso, de acuerdo a su investigación, el imputado utilizó los dineros entregados por la pesquera para pagar contribuciones, lavandería y tarjetas de crédito, además de destinar parte de los fondos para pagar su membresía en el Club de Yates y algunas deudas políticas.
En total, habrían sido 76 boletas de honorarios ideológicamente falsas las que entregó a la firma a través de documentos emitidos por sus cercanos, las que bordean los $233 millones.
Por su parte, la defensa de Jaime Orpis -encabezada por los abogados Sergio Rodríguez y Carlos Cortés- insistió en que el legislador nunca incurrió en delitos de cohecho ni actuó ante el Senado en representación de los intereses de la pesquera, recalcando que al momento de votar proyectos de ley, Orpis siempre lo hizo "siguiendo el acuerdo político o las recomendaciones, en la medida de su criterio personal".
Por ello, decidió apelar al fallo de primera instancia en búsqueda del alzamiento de todas las medidas cautelares.
