El instituto debe restablecer a los estudiantes los montos de las matrículas y las mensualidades.
El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- La justicia emitió un nuevo fallo en el marco de las demandas presentadas por cientos de personas que estudiaron la carrera de perito criminalístico en diferentes instituciones de educación superior del país, pese a que ésta no contaba con campo laboral para desempeñarse.
Esta vez se pronunció la Corte de Apelaciones de Chillán, que condenó al Instituto Profesional Valle Central a pagar indemnizaciones a los ex estudiantes de esa carrera.
El tribunal –que ratificó el fallo del Primer Juzgado Civil de esa ciudad– determinó que el instituto incurrió en publicidad engañosa al señalar en sus anuncios que los estudiantes podrían desempeñarse en diversas instituciones públicas relacionadas con la nueva justicia penal, como la Fiscalía, Defensoría, Servicio Médico Legal, PDI y Carabineros de Chile, lo que no correspondía a la realidad.
La sentencia, que es de última instancia, beneficia a todos los estudiantes que se hayan visto afectados por dicho instituto, quienes recibirán compensaciones económicas que comprenden los montos de las matrículas y las mensualidades pagadas. Éstos tienen 90 días –desde la publicación de la sentencia en el diario El Mercurio– para hacer efectivo su derecho ante el Primer Juzgado Civil de Chillán.
Además la justicia aplicó una multa de 300 UTM (cerca de $13 millones) al instituto por haber infringido la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
Este fallo, que se produce tras una demanda colectiva que presentó el Sernac en 2009, se suma a otros casos, como el del Instituto Santo Tomás, en algunas de sus sedes, donde también se ordenó indemnizar a los estudiantes.
Sin embargo, no siempre los fallos han sido a favor de los alumnos, como en el caso de la UTEM, donde la Corte Suprema rechazó la demanda interpuesta por los afectados, los que acudieron a la Corte Interamericana de DD.HH.
