ME-O puede acogerse a su derecho a guardar silencio.
Christian Castro, El Mercurio
SANTIAGO.- Una serie de preguntas deberá responder el fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, a la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien indaga eventuales delitos en base al uso de un jet privado en su campaña presidencial en 2013.
Hace unos días, oficiales de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI lo notificaron que deberá comparecer el jueves 18 de agosto en las dependencias del Ministerio Público y que lo hará en calidad de imputado.
Su abogado, el penalista Ciro Colombara, ya está al tanto de la pesquisa en que deberá acompañar a su cliente, al igual como lo hizo el 14 de diciembre del año pasado cuando Enríquez-Ominami fue interrogado en el denominado caso SQM, instancia en la cual renunció a su derecho a guardar silencio.
Por tener calidad de imputado le asisten los mismos derechos que en esa oportunidad: a guardar silencio y a ser asistido por un defensor.
En un principio, según se comentó, la pesquisa está agendada para mañana, sin embargo —como toda diligencia— su fecha podría ser modificada.
Hace algunas semanas, el expediente sobre esta investigación llegó a manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que deberá evaluar una eventual querella por fraude al fisco.
Esto último, ya que últimas declaraciones allegadas a la causa dan cuenta de que el avión privado habría sido facilitado gratis a la campaña de ME-O; sin embargo, él ha sostenido en entrevistas que su uso está en regla y que fue declarado ese gasto ante el Servicio Electoral (Servel), el mismo que después cursó desembolso como lo señala la ley.
Análisis a declaraciones
Tras cuatro meses de una investigación reservada y desformalizada, la fiscal Chong y su equipo de la PDI decidieron interrogar a ME-O para que esta vez el ex candidato —si así lo desea— explique ante el Ministerio Público si cursó o no los gastos del avión que le facilitó la firma brasileña TAP y que fue arrendado por la empresa OAS, que es indagada por corrupción en Brasil.
A fines de junio de este año, el dueño de Air Dispacht, Carlos Astudillo (firma que operó los 104 viajes que hizo ME-O en su campaña), tras declarar ante la PDI sostuvo a "
El Mercurio" que "la empresa estadounidense UV Air pagó a Petrobras para que proveyera las cargas de combustibles".
La petrolera brasileña, a su vez, enfatizó que "nunca ha provisto combustibles directamente al señor Marco Enríquez-Ominami" y que tiene como cliente a UV Air.
Esa fue una de las primeras señales de alerta de que los pagos de las operaciones de vuelo podrían no haber pasado por el bolsillo de ME-O.
El mismo testigo habría señalado ante los policías que en base a su experiencia, todos los traslados del jet no habrían costado menos de US$ 2 millones.
El ex candidato ha declarado públicamente que los gastos del jet están justificados en dos facturas de enero y febrero de 2013 por $59 millones. Los documentos tributarios fueron emitidos a la sociedad Cono Sur Research Spa, de la que es representante legal Cristián Warner, ex jefe de campaña de ME-O.
Respecto a estas facturas, ante la Bridef —unidad de élite que creó la PDI para indagar casos de corrupción— también compareció hace algunas semanas Bruno Hastkoff, jefe jurídico de OAS Brasil.
Acompañado por el abogado penalista chileno Francisco Cox, le entregaron a la policía la contabilidad de la firma con el objetivo de colaborar en esta causa penal.
El CDE al ruedo
Todos estos antecedentes, según conocedores del caso, están siendo evaluados por abogados del CDE, organismo que podría hacerse parte a través de una querella.
Vital para esto será el testimonio de ME-O. Esto, porque todos los candidatos que rinden gastos de campaña reciben luego un desembolso según la cantidad de votos obtenidos y otros factores.
Entonces si el uso del jet fue a través de una donación —como han sostenido algunos testigos— el que Enríquez-Ominami lo declarara como un gasto electoral efectivo a través de facturas que serían ideológicamente falsas, su reembolso por parte del fisco no le correspondería y por ende se podría configurar un fraude al erario estatal.
Ahora, si ante la fiscalía sostiene que fue una donación, podría transgredir la normativa que impide aportes extranjeros para campañas.
