SANTIAGO.- Una serie de propuestas para avanzar en soluciones al conflicto indígena, contiene el informe emanado por la comisión investigadora sobre actos de violencia en La Araucanía, y el cual fue aprobado ayer de forma transversal por los diputados de la instancia.
El texto al que tuvo acceso Emol, recoge el trabajo realizado desde enero por la instancia presidida por Germán Becker (RN), y será presentado a la Sala para su votación a inicios de septiembre. Uno de sus principales planteamientos es la crítica al rol de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la administración de tierras, proponiendo además revisar su continuidad.
De esta forma, en el documento se hace una mención especial al funcionamiento de la Conadi y "a la política de tierras como causante de la violencia". Por ello, se acota que "introducir modificaciones a la institucionalidad vigente es sin lugar a dudas un aspecto prioritario".
"Parte sustancial de la revisión de dicha institucionalidad pasa por cierto por la revisión de la forma como la Conadi administra el fondo de tierras y en general los recursos destinados a los pueblos originarios. La forma desprolija y en muchos aspectos irregular con que se han beneficiado a determinadas comunidades o sujetos, ha generado grandes desigualdades en el acceso al fondo de tierras, lo que va generando resentimiento y perdida de confianzas en una institución que por el contrario, debería ser un puente de fortalecimiento de las mismas", sostienen.
A su juicio, "la forma como la Conadi ha cedido a la violencia y al activismo político, particularmente en lo referente al respeto de la antigüedad, solo ha ayudado a profundizar las desconfianzas y a alejar a quienes con la esperanza de ver sus derechos reivindicados, acuden a la institucionalidad y se mantienen en ella".
Ante esto, se agrega que "según el parecer de la gran mayoría de quienes visitaron esta comisión, el órgano encargado de ejecutar la política de tierras no ha respondido a las expectativas, y definitivamente debe ser revisada su continuidad en los términos actuales".
Terrorismo y debilidad policial
Otro de los puntos importantes que aborda la comisión son las denuncias de actos terroristas por parte de pequeños grupos que existen en la zona, en particular en lo referido a la quema de templos religiosos.
Al respecto, el texto señala que "la quema de iglesias –incluso con personas en su interior- con mensajes que amenazan a los feligreses de otros templos en la región de ser víctimas de la misma clase de delitos o que demandan la libertad de sujetos recluidos en centros penitenciarios; es evidentemente una conducta que puede catalogarse como terrorista, y debiese perseguirse como tal".
En ese sentido, acusa también una falla en los sistemas de inteligencia por parte de las policías, que impiden la prevención de estos graves delitos.
"Las policías carecen de los medios para llevar adelante las órdenes de resguardo policial, lo que afecta la eficacia la labor preventiva y cautelar de este tipo de medidas. Por otra parte, los defectos en los sistemas de inteligencia policial y la falta de coordinación entre los diversos sistemas de inteligencia, afecta la posibilidad de anticiparse a la comisión de ilícitos. Esto se ha hecho particularmente visible tratándose de quemas de iglesias", añade.
En sus conclusiones también se da cuenta de que la inseguridad vivida en la región "no es imputable en concreto a la acción de este Gobierno", sino que apunta al actuar del Estado. A la vez que expresan la necesidad de un "diálogo fraterno y de la participación de los actores políticos" para la solución del conflicto.
Propuestas de la instancia legislativa
Entre las propuestas que realizan los legisladores en su informe destacan las siguientes:
- Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
- Adoptar mecanismos que permitan garantizar la representación parlamentaria de estos pueblos, a través de sistemas de cuotas o de escaños reservados.
- Avanzar en una institucionalidad que coordine nacionalmente las consultas a los pueblos.
- Modificación a la Ley Indígena y a la política de tierras, perfeccionando de inmediato el sistema de compra de terrenos.
- Establecer restricciones para la proliferación de comunidades y la reutilización de títulos.
- Mayor participación de los pueblos indígenas en la planificación territorial y aprobación de proyectos de alto impacto ambiental.
- Fortalecimiento de la educación intercultural.
- Que se concrete el anuncio del Gobierno de un proyecto que otorgue beneficios especiales a la región.
- Modificación de la Ley Antiterrorista.
- Perfeccionar el estándar de pruebas para los juicios.
- Incorporación de técnicas investigativas utilizadas en la Ley de Drogas, entre ellas el de “agente encubierto”.
- Fortalecer los sistemas de inteligencia policial en la región.
- Creación de estatutos que mejoren la protección de las víctimas y testigos y generar mecanismo compensatorios.
