SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó una condena contra el Estado como responsable en las muertes de dos personas a causa del tsunami de 2010. El caso corresponde a dos víctimas de la localidad de Dichato.
Las víctimas en cuestión son León Ortiz y su hija Valeria, quienes fueron arrastrados por el tercer tren de olas, pasadas las 06:00 horas de la mañana del 27 de febrero de 2010.
De acuerdo con la demanda de la viuda y la hija sobreviviente a la tragedia, después del terremoto la familia subió a sectores altos de Dichato, pero bajaron al escuchar por la radio que la Presidenta Michelle Bachelet descartaba la posibilidad de tsunami.
Y precisamente fue ese el antecedente que destacó el Tribunal de Alzada de Concepción al ratificar el fallo de primera instancia, señalando que ante la magnitud del terremoto que, entre otros daños, afectó la capacidad de respuesta del Estado y sus comunicaciones, las autoridades debieron actuar con mayor precaución al momento de informar a la ciudadanía.
Así, la Corte de Apelaciones de Concepción condenó al Fisco a pagar 100 millones de pesos a Sonia Obregón y su hija Pablina Ortiz, por el daño moral que sufrieron a raíz de la muerte del esposo y padre, y la hija y hermana.
Se espera que el Estado presente una acción legal contra el fallo, por lo que sería la Corte Suprema la que tenga la última palabra en este caso.
Esta es una de las pocas acciones legales acogidas hasta ahora por la justicia, ya que en la mayoría de las causas de este tipo llevadas adelante por la Justicia se ha impuesto la tesis del Consejo de Defensa del Estado, que señala que las autoridades se vieron sobrepasadas por el nivel de un terremoto 8,8.
