El proyecto de ley incorpora un pago de Uber al Estado por kilómetros recorridos, para establecer un impuesto por el uso de la vialidad.
Cristián Carvallo, El Mercurio
SANTIAGO.- Uno de los stands más visitados de la sección "F" de la conferencia mundial ONU Hábitat III, que se realiza en Quito, es el de Uber. Como la aplicación es desconocida por los ecuatorianos, las promotoras pasan más de 15 minutos explicando en qué consiste la tecnología y anuncian una pronta implementación de ella en la capital del país.
La ciudad tiene un parque superior a los 10 mil taxis, con muchos vehículos piratas y una regulación compleja para establecer un sistema de taxímetros que logre cobros objetivos de los viajes, señala
"El Mercurio".
"Si ponen eso acá, nos iríamos a la ruina. Porque ya nos quitaron mucho con los nuevos metrobuses", dice Miller Jaramillo, un taxista que principalmente realiza recorridos entre el centro histórico y el sector de La Mariscal, donde se realiza la cumbre mundial que definirá una agenda y metas para las ciudades del mundo hasta 2036.
En Chile, en tanto, la presencia de aplicaciones como Uber y Cabify está a punto de dar un paso a la legalidad. El Ministerio de Transportes enviaría esta semana al Congreso Nacional el anunciado proyecto de ley que regula su uso, si consigue todas las firmas de los ministerios involucrados.
La iniciativa establece la incorporación legal de Uber y Cabify, a cambio de exigencias como la obtención de una licencia profesional para conductores, seguros para los pasajeros y autos de "alto estándar", una definición que se encargará de establecer una comisión.
Estas regulaciones tenderían a subir los precios y "elitizar" el servicio de Uber, volviéndolo menos masivo, según planteó Luis Reyes, presidente de la confederación de taxistas, cuando se conoció la idea del Ejecutivo.
En el proyecto también se incorporan castigos a conductores y dueños de taxis que realicen actos ilegales como "cambiazos" (vueltos con billetes falsos), alteraciones de taxímetros y otras irregularidades.
El ministro Andrés Gómez-Lobo, quien participa en ONU Hábitat III, señaló que se apunta a tener aprobada la ley durante el primer semestre del próximo año.
"Hemos tenido una acogida bastante buena de los taxistas, también de los servicios de plataformas, así que estamos optimistas", señaló el secretario de Estado.
Gómez-Lobo dijo, además, que la iniciativa no incluirá una regulación especial a la situación laboral de los más de 30 mil conductores de Uber.
"Eso lo dejamos a las leyes generales del Código del Trabajo", sostuvo.
Hasta ahora, los choferes no están amparados por ningún tipo de relación laboral. De hecho, no tienen boleta de honorarios.
Tarjeta bip
El especialista en Transportes y ex coordinador de Transantiago Raimundo Cruzat aseguró que el proyecto se enriquecería si se vinculara a Uber con el transporte público, mediante un pago integrado con la tarjeta bip.
La idea fue descartada por el ministro Gómez-Lobo. "(En el proyecto) estamos estableciendo que no se pueda pagar con efectivo, pero no sería viable usar la tarjeta bip para otro servicio que no sea el transporte público. Los validadores son muy caros para instalar otros servicios".
Tras participar en la conferencia “La ciudad y la movilidad: políticas públicas basadas en datos de calidad”, Gómez-Lobo dio algunos detalles de cómo será la nueva credencial que utilizarán los santiaguinos para pagar el transporte público, hacia 2018.
"Buscamos niveles de seguridad más altos contra el hackeo y el fraude de la tarjeta. Son nuestros enfoques principales al evaluar una tecnología que permita subir los niveles de seguridad de la tarjeta", dijo el ministro.
Con la nueva ley que amplía el uso de la tarjeta bip como una tarjeta monetaria para familias más vulnerables, la nueva tarjeta podrá convertirse en una "billetera electrónica para las cuotas del transporte público. La idea es expandir el uso de la tarjeta, para que no solo sea para el transporte, sino multiuso", añadió el ministro.
En su exposición, el ministro también defendió proyectos para restringir vehículos y privilegiar buses, por un uso más provechoso del escaso espacio vial.
"Cualquier política que perjudique o desincentive al automóvil es progresista por definición", señaló.
