SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este viernes una querella por presunto fraude al fisco contra el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, en el marco de la investigación respecto a presuntas ilegalidades en el uso de un jet privado durante su campaña presidencial en 2013.
La acción penal fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía e incluye a su ex jefe de campaña, Cristian Warner.
El libelo apunta a un supuesto fraude que alcanza los $170 millones y que indaga la fiscal de delitos de alta complejidad centro norte, Ximena Chong.
De acuerdo a los antecedentes, el fundador del PRO habría declarado como gasto ante el Servicio Electoral (Servel), el uso del avión de la firma brasileña TAP -que fue arrendado por la empresa OAS, indagada por corrupción en Brasil- en circunstancias en que la nave le habría sido facilitada de manera gratuita.
De ser así, entonces podrían configurarse actos de fraude al fisco y delitos tributarios, ya que Enríquez-Ominami -tal como él mismo ha declarado públicamente- justificó los gastos del jet en dos facturas por un total de $59 millones, las cuales podrían tratarse de documentos ideológicamente falsos por servicios que no habrían sido efectivos por tratarse de una donación.
Los documentos tributarios fueron emitidos a la sociedad Cono Sur Research Spa, de la que es representante legal Cristián Warner.
SQM
Enríquez-Ominami y Warner, en tanto, están formalizados en el SQM, por 36 facturas que fueron emitidas por la empresa de este último a la minera por un monto total de $391 millones, por servicios que no habrían sido prestados.
Por esa causa, esta mañana ME-O se presentó en dependencias del Ministerio Público para discutir el alzamiento total de sus cuentas corrientes, solicitado por el Ministerio Público, lo que finalmente fue rechazado por el precandidato, que mantuvo su idea de alzar el secreto de manera parcial.Su comparecencia ocurre en un escenario complejo en dicha causa, luego que ayer el fiscal nacional Jorge Abbott resolviera abrir un sumario contra el jefe regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien dirige ese caso.
La decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público se basó en la denuncia presentada por la defensa de ME-O, donde se acusa al persecutor de haber faltado a las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía, que prohíbe a los funcionarios emitir opiniones de investigaciones en curso y entregar antecedentes contenidos en las carpetas.
Ello, en relación a la entrevista que dio al diario La Tercera donde afirma que el precandidato presidencial actuó con dolo, lo que según estimó la defensa, es un juicio anticipado.
