SANTIAGO.- El nuevo Transantiago está corriendo contra el tiempo. Al menos, dentro de los plazos que el Gobierno se fijó en septiembre del año pasado, cuando lanzó públicamente el proceso de rediseño del sistema, que promete corregir varias distorsiones y mejorar la calidad de servicio a los usuarios.
Esta relicitación se abre con el término de la concesión de los operadores Alsacia, Express y Metbus en 2018, además de las de STP y Redbus, que ya caducaron, y operan con extensiones de contrato, según publica
"El Mercurio".
En el cronograma inicial se estableció que entre noviembre y diciembre de este año terminaría la consulta de las bases. Sin embargo, cumplida la fecha, el Gobierno extendió hasta el sábado pasado la participación ciudadana y definió que hasta el 21 de noviembre se realicen los últimos encuentros zonales.
Así, se espera que a mediados de diciembre se libere un documento con aspectos esenciales de las bases y luego se realice un proceso de consulta pública que dure 45 días. Con todo, las bases ingresarían a la Contraloría en febrero, y se tendría menos de un año para que la entidad revise los documentos, haga observaciones y los apruebe para abrir la licitación y adjudicarla.
El ex ministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz cree que hay un cronograma demasiado ajustado para concretar el proceso. "La urgencia de llegar a tiempo la encuentro bien crítica, y me preocupa, porque es difícil que lo logren. El equipo está inspirado y haciendo un buen trabajo, pero no es suficiente. Requiere más respaldo, y el Gobierno ha estado completamente ausente".
Carlos Melo, secretario técnico de la relicitación de Transantiago, afirma que se conseguirá adjudicar los nuevos contratos antes del término del Gobierno. "No cerrar la licitación ahora es un problema más que un beneficio y un problema para las próximas autoridades"
Precisa que en el proceso se está ocupando la estructura de los últimos contratos de concesión de vías. "Hay que ser cuidadoso en generar sobreexpectativas, pero tampoco menospreciar los impactos que podamos generar. Hay aspectos fundamentales que se pueden mejorar, que repercuten en los usuarios, y hay otros más estructurales de largo plazo".
La ex subsecretaria y especialista en transportes Gloria Hutt dice que "la única forma de cumplir es que los contratos sean muy similares a los de hoy. No veo espacios para incluir innovaciones. Me cuesta pensar que se logre un cambio más estructural, como reconfigurar unidades de servicio, concesionar por separado los terminales o cambiar el estándar tecnológico. Si se genera un cambio menor, va a ser difícil para el próximo gobierno hacer las modificaciones de fondo".
Carlos Melo dice que el ministro Andrés Gómez-Lobo se ha reunido con la Contraloría para estimar plazos de revisión de las bases. El cronograma estima que eso se produzca en tres meses hasta mayo. El diputado (RN) de la Comisión de Transportes, Leopoldo Pérez, se muestra escéptico: "La Contraloría se va a tomar su tiempo y va a poner más ojo que en 2005, al inicio de este descalabro. Hay observaciones que se deben subsanar, y eso no se logra en tres meses".
El ex coordinador de Transantiago y especialista Raimundo Cruzat dice que al no incluir cambios profundos, se corre el riesgo de que no se presenten oferentes. "Las bases debieron ingresarse a mediados de este año; si no, es difícil llegar; y si se llega, va a ser con algo a medias, y no se va a presentar nadie".
El especialista en transportes de la U. Diego Portales Louis de Grange dice que las bases "no van a generar competencia ni mejorar la calidad del sistema ni reducir costos. Van a ser una continuidad, un maquillaje, pero no el cambio profundo que se requiere. Se necesita expropiar terminales, y de eso no hay claridad que venga. Además, si se toma como antecedente que todos los proyectos de ley en transportes de este Gobierno están estancados, no se prevé un buen resultado. El ministro debió iniciar esto al asumir".
