SANTIAGO.- En los próximos días el 16° Juzgado Civil de Santiago procederá al embargo de los bienes de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval, de la cual son socios Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
La decisión se debe adoptar en el juicio civil de gestión preparatoria de cobro que inició el gestor inmobiliario Juan Díaz, tras el protesto de dos cheques por $812 millones que le emitió Caval.
Según consigna
"El Mercurio", se trata de los cheques serie 2013AA N° 49272222 por $282 millones y serie 2013AA N° 4927223, por $ 530 millones, extendidos por Valero -en representación de Caval- a Díaz en febrero de 2015. Estos documentos debían ser cobrados en marzo de 2015 por la prestación de servicios de Díaz en la venta de los tres predios de 44 hectáreas de Machalí. Sin embargo, el cobro se realizó recién el 19 de abril de 2016, lo que significó que el Banco de Chile protestara los cheques por falta de fondos, y que procediera a cerrar la cuenta corriente que tenía Caval en la institución financiera.
La semana pasada, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo de primera instancia y rechazó la alegación de falsedad de los documentos, que hacían las defensas de Compagnon y Valero.
En caso que Caval no pague los $812 millones, más intereses y costas, se iniciará una demanda de cobro y se procedería al embargo de bienes de Caval.
En paralelo a esta juicio, en la Fiscalía de Rancagua existe una denuncia de Valero en contra de Díaz por supuesta falsificación y alteración de la fecha de expedición de los cheques.
Tras peritajes caligráficos, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que perició los documentos, informó que no existe adulteración, que el llenado del documento a nombre de Díaz y la firma corresponden a la letra de Valero. Y que, por otro lado, la fecha de los cheques "presenta idéntica idea de construcción y trazado, como asimismo composición morfológica", que la letra de Díaz.
Sobreseimiento
El Juzgado de Garantía de Rancagua analizó ayer esta arista de Caval, luego que la defensa de Díaz solicitara su sobreseimiento definitivo. La fiscal Marcia Allendes no se opuso y argumentó que el gestor inmobiliario no cometió delito, según los peritajes realizados por el Labocar.
La defensa de Valero mantuvo la denuncia de que había una falsificación de las fechas, y que Díaz hizo una maniobra para extender el período de validez del documento, al cobrarlos en la ciudad de Concepción, fuera del plazo legal de 60 días.
