SANTIAGO.- Anoche concluyó el plazo para que cerca de 60 mil funcionarios públicos y autoridades envíen a la Contraloría sus declaraciones de intereses y patrimonio, como establece la nueva Ley de Probidad, que rige hace cinco meses.
Según informa
El Mercurio, hasta el jueves se habían recepcionado 60.973 fichas, casi la totalidad de quienes -según estimaciones, porque no hay una planilla definitiva- debían cumplir ese mandato.
De ellos, la mayoría corresponde a personas que se desempeñan en los servicios del Estado y en los municipios. Sin embargo, la ley extendió tanto la obligación -antes eran 22 mil personas las obligadas- que incluyó a trabajadores a honorarios que reciban un sueldo igual o superior a la remuneración anual de un funcionario de tercer nivel, lo que dificulta calcular el universo de quienes deben declarar.
Pese a ser el día más importante de la ley, ayer el contralor Jorge Bermúdez se negó a hablar con la prensa. Sí lo hizo el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, quien explicó que "como pasa en Chile, las declaraciones llegaron a última hora, pero era lógico que tenían que cumplir, porque de lo contrario las sanciones son muy altas ($2,3 millones)".
A inicios de marzo, 10 mil personas habían hecho el trámite, y por el volumen de declaraciones que llegaron durante el mes, Santa María calcula que "dentro de 30 días la revisión debería estar resuelta, para saber si las declaraciones cumplen con exactitud".
La declaración de los diputados
Las declaraciones son recibidas por la Contraloría, que las analiza con un equipo de 50 personas. Luego las envía al Consejo para la Transparencia para su publicación, donde ya están disponibles para la ciudadanía los documentos de 2.895 personas.
Los parlamentarios están entre quienes debían hacer esta nueva declaración, que, a diferencia de la versión antigua, incluye redes familiares, propiedades en el extranjero y vehículos de todo tipo, incluso embarcaciones (ver nota relacionada).
El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, informó que "el 100% de los funcionarios declararon y casi todos los diputados, porque algunos colocaron que era una actualización de su declaración anterior, pero la antigua no tiene nada que ver con esta, entonces hubo que corregir esos casos. Pero cumplimos cerca del 90% el 25 de marzo, y tuvimos algunos días para revisar".
Añade que esta semana han estado "a full " revisando la información para entregarla a las autoridades y cumplir con la ley.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, explica que el proceso de declaraciones permite detectar el enriquecimiento ilícito y los problemas de intereses. "Antes de esto teníamos una normativa que era letra muerta, no era más que llenar papeles difíciles de comprobar y la Contraloría actuaba de bodega, en vez de verificar esas declaraciones", dice.
Ahora, en vez de hacer dos declaraciones, se hace una con patrimonio e intereses, lo que sigue la tendencia internacional. "Además, se hacen públicas, deben estar disponibles en formato de datos abiertos, se privilegia la declaración en formato digital para hacerle seguimientos, y se le dota a la Contraloría de la posibilidad de verificar la veracidad de la declaración, usando otras bases de datos", añade Precht.
Aspectos a mejorar
Pese al avance que conlleva este nuevo sistema, Alberto Precht cree que quedan cosas por mejorar. Por ejemplo -dice-, "quizás no quedaron del todo claro algunos bienes que se deben declarar o qué tan completa debe ser la declaración de los parientes, porque hoy solo debe haber una declaración completa de personas casadas en sociedad conyugal".
Además, cree que hay que ver bien "cómo se utilizará la protección de datos personales, porque puede haber un riesgo si es que algunos funcionarios, aduciendo que se están violando sus datos personales, no autoricen que sean públicos y veamos declaraciones en negro, porque estén tachados esos aspectos. Es muy importante que exista una verificación de la Contraloría y la ciudadanía, sin afectar los datos personales, pero sí entregando datos para conocer incrementos patrimoniales, cambios relevantes e intereses".
De las declaraciones recibidas hasta el jueves, 48 mil correspondían a la actualización de datos que todos los funcionarios deben hacer por ley hasta el 31 de marzo de cada año. Además de esa actualización, los deben declarar cuando asumen un cargo o cuando lo dejan.
