SANTIAGO.- Ayer todos los estamentos de la Universidad de Chile se unieron para dar una muestra de fuerza para exigir cambios al proyecto de ley del Gobierno que pretende fortalecer a las 18 universidades del Estado.
Cerca de dos mil académicos, estudiantes y funcionarios de las distintas facultades e institutos se reunieron primero en la casa central y luego, liderados por su rector, Ennio Vivaldi, marcharon hasta La Moneda para exigir cambios al proyecto de ley, y lanzaron al aire más de mil globos negros y azules, en señal de reprobación a la iniciativa.
En la manifestación participaron, entre otros, el Decano de Derecho, Davor Harasic, y el presidente de la FECh, Daniel Andrade, que resultaron afectados por el carro lanzaaguas.
Previamente, el rector Vivaldi se había reunido a comienzos de semana con un grupo de parlamentarios que conformaron una "bancada" para exigir modificaciones al proyecto.
¿A qué se debe esta arremetida de la Universidad de Chile frente al proyecto de ley, siendo que éste era pedido por las universidades estatales y el propio Vivaldi, en un comienzo, lo valoró?
Si bien la iniciativa legal le otorga a los planteles estatales un marco jurídico, consagra su misión, explicita el rol del Estado con ellos y aliviana la carga burocrática a la que están sometidos, son tres los puntos principales que no dejan conforme a la Universidad de Chile.
Acusan pérdida autonomía y de influencia de la comunidad universitaria
El primer punto tiene que ver con el sistema de gobierno universitario, ya que el proyecto de ley crea un Consejo Superior, que tomará las decisiones en temas centrales de la universidad (como aprobar el plan de desarrollo institucional y el presupuesto), el que estará conformado por nueve miembros, tres de los cuales los nombrará el Presidente de la República, otros tres la comunidad universitaria, dos serían profesionales externos más el rector.
Junto a ese organismo habrá un Consejo Universitario, integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad universitaria (académicos, funcionarios y estudiantes), el cual tendrá un rol asesor y "consultivo".
El asunto es que la Universidad de Chile actualmente cuenta con un sistema de gobierno diferente a la mayoría de los otros planteles estatales, donde destaca la figura del Senado Universitario –emblemático órgano colegiado que fue creado hace diez años–, el cual establece las políticas y las estrategias de desarrollo institucional, y donde los distintos estamentos (estudiantes, académicos y funcionarios) tienen voz y voto.
En la U. de Chile estiman que el Senado Universitario se podría asemejar al nuevo Consejo Universitario que se crea en el proyecto de ley, pero el problema es que quedaría relegado a un rol meramente consultivo y no resolutivo, como hasta ahora, con lo que la comunidad universitaria perdería influencia.
También cuestionan que el gobierno de turno pueda nombrar a un tercio de los miembros del Consejo Superior, lo que consideran que atenta contra la autonomía universitaria. Mientras que los miembros que puede nombrar la comunidad universitaria (tres) serían una minoría.
Financiamiento insuficiente y cambio de régimen a funcionarios
Otro punto que cuestionan en la U. de Chile es el régimen laboral que establece el proyecto de ley para los funcionarios de las universidades estatales. Éstos actualmente son funcionarios públicos y se rigen por el Estatuto Administrativo. Sin embargo, con el proyecto pasarían a regirse por el Código Laboral.
En la U. de Chile advierten que esto implicaría una precarización de las condiciones laborales de los funcionarios, ya que podrían perder estabilidad laboral y la carrera funcionaria.
El tercer tema que cuestionan tiene que ver con los recursos que asigna el proyecto para un plan de fortalecimiento de los planteles estatales, que ascienden a $150 mil millones para las 18 universidades en un plazo de diez años. Esto implica además la solicitud de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A juicio de la U. de Chile, los recursos son insuficientes para solucionar la situación de los planteles estatales, que –consideran– han permanecido abandonados por el Estado durante décadas.
El proyecto de ley de universidades estatales actualmente se encuentra, en primer trámite constitucional, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hasta donde acudieron esta semana distintos representantes de la U. de Chile a exponer estos planteamientos.
Según afirmó ayer el rector Vivaldi, "nosotros queremos que haya una ley sobre universidades del Estado, pero tiene que respetar las condiciones básicas de la educación pública del país" y advirtió que "lo que está en juego es el futuro de la educación de nuestros hijos, de nuestra investigación, de la innovación y de nuestros profesionales".
Mientras que el presidente de la FECh, Daniel Andrade, afirmó "si no logramos sacar adelante un proyecto que fortalezca a las universidades del Estado, las instituciones van a caer en una crisis que puede ser terminal. Tenemos que prepararnos para esta pelea y actuar con propuestas claras y con unidad como comunidad universitaria".
