SANTIAGO.- Los comuneros mapuches acusados de estar implicados en la quema de camiones en el sur del país y que fueron detenidos en el marco de la "Operación Huracán", están a la espera de que se produzca la audiencia en que la Fiscalía Regional de La Araucanía pidió para cerrar la investigación del caso y que será realizada el próximo 9 de febrero.
Esa es una de las posibilidades judiciales del complejo caso que hoy mantiene enfrentadas a la Fiscalía Nacional y a Carabineros por la supuesta manipulación de evidencias por parte de los efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) en contra de los ocho imputados detenidos, entre los que se encuentra el vocero y líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
El otro escenario es el sobreseimiento definitivo de la causa, que es solicitado por los abogados defensores de los imputados, entre ellos los profesionales Humberto Serri y Patricia Cuevas, ésta última representante de Llaitul.
Ambos apoyan a la fiscalía en su afán de cerrar la investigación, pues afirman que sus defendidos son inocentes de todas las imputaciones en su contra y apoyan las acusaciones de montaje que éstos han hecho.
Mantener la investigación
Pero el Gobierno anunció ayer que solicitará nuevas diligencias y pidió que la causa no sea cerrada sin la finalización de esas pesquisas.
La idea del ministerio del Interior –que es interviniente en la causa- es poder conseguir nuevas pruebas que no estén "contaminadas", a fin de que la causa prosiga su curso y se pueda condenar a quienes hoy aparecen como los principales implicados en la quema de camiones, iglesias y maquinaria agrícola, en particular en la región de La Araucanía.
En ese sentido, el Ejecutivo coincidió con el director nacional de inteligencia de la policía uniformada, general Gonzalo Blu, quien pidió a la Justicia que no acceda a la solicitud del Ministerio Público el viernes pasado.
