SANTIAGO.- El miércoles 7 de marzo pasado se desarrolló en Valparaíso la última sesión de la Cámara de Diputadoscorrespondiente al periodo legislativo 2014-2018. Fue una jornada emotiva, en la cual 36 parlamentarios se despidieron de sus colegas y agradecieron la oportunidad de haber sido parte de la corporación.
Sin embargo, tras ello la Cámara Baja siguió trabajando. Así da cuenta el informe de la cuenta de la sesión 125, la cual señala que hubo una serie de documentos agregados con posterioridad a su cierre. Entre ellos se encontraba el último proyecto de ley que la ex Presidenta Michelle Bachelet ingresó al Congreso Nacional.
“Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados,
en materia de acusación constitucional de los altos oficiales de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que se indican”, reza el título de la iniciativa (
vea acá el documento).
Se trataba del intento final de la ex jefa de Estado por abordar la crisis institucional de la policía uniformada, envuelta en el mayor fraude en la historia de Chile y cuestionada por la Operación Huracán, a cuatro días de dejar La Moneda y en medio de las críticas al Gobierno por su pasividad ante el tema.
Entre los antecedentes de la reforma, Bachelet recuerda que a causa del desfalco “un gran número de funcionarios se encuentran actualmente imputados por delitos que afectan gravemente la probidad pública y el patrimonio del Fisco”, y destaca las conclusiones de la comisión investigadora que advirtió sobre la ausencia de controles en la institución.
En ese contexto, la ex Mandataria señala en el texto que “surge la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento jurídico para hacer efectivas responsabilidades al interior de Carabineros (…) Así, una de las principales facultades que considera nuestro ordenamiento consiste en la denominada acusación constitucional”.
De ese modo, la ex gobernante establece en el proyecto la necesidad de instaurar dicha opción en la Constitución, ya que debido a los sucesivos cambios en la subordinación de Carabineros -1980 dependía del Ministerio de Defensa y en 2005 pasó al Ministerio del Interior-, se generó un vacío legal que dejó al alto mando libre de responder por esa vía.
Por ello, el proyecto propone “modificar la Constitución con el objeto de que, además de los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, se contemplen como sujetos pasivos de la acusación constitucional a los generales y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
“Se propone establecer como causales que podrían fundar una acusación constitucional, aquellas conductas que comprometan gravemente la eficacia del derecho, el orden público y la seguridad pública interior y las infracciones graves a la Constitución”, añade la iniciativa,
Nuevas obligaciones legales para Carabineros
Sin embargo, ese proyecto de ley
no fue el único intento de Bacheleten su última semana en el poder. De hecho, el lunes 5 de marzo, a seis días del cambio de mando, la sala de la Cámara de Diputados dio cuenta de otro proyecto destinado a mejorar los controles financieros y de probidad de Carabineros de Chile (
vea acá el documento).
El argumento fue el mismo que esbozó en la otra iniciativa: “Carabineros ha enfrentado uno de los momentos más complejos de su historia debido a graves irregularidades vinculadas al manejo de fondos institucionales, lo que ha evidenciado que los controles a los que está sujeta la institución, no han sido capaces de detectar oportunamente este tipo de hechos”.
En esa línea, y recogiendo parte de las propuestas de reformas elaboradas por la propia institución entre abril y octubre de 2017, la ex jefa de Estado señaló que “este Gobierno se ha propuesto emprender diversas modificaciones que apuntan a mejorar la transparencia, probidad y eficiencia en el desempeño de Carabineros de Chile”.
Entre ellas, destaca “la obligación de que dicha institución remita anualmente información relevante al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en materia de compras, auditoría, recursos humanos, y de estructura y organización internas” e incorporar la necesidad del cumplimiento del principio de probidad administrativa por parte de su personal.
Asimismo, busca “establecer legalmente la obligación de cumplir con los principios de responsabilidad, imparcialidad y objetividad durante el proceso de calificación del personal; y, consagrar la posibilidad de retener la renuncia de aquellos funcionarios que se encuentren sometidos a un procedimiento disciplinario o investigación judicial”.
También propone que el Congreso pueda conocer las partidas presupuestarias de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y conocer el contenido de las leyes y documentos referidos a plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile, “manteniendo a su respecto estrictamente el deber de secreto”, entre otras medidas.
