SANTIAGO.- Desde el extremo norte de país, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la investigación que se lleva adelante en La Araucanía por el fallecimiento de Camilo Catrillanca; como también de los proyectos de la principal institución bajo la mira por el caso.
En los últimos días, los persecutores Cristián Paredes, Roberto Garrido y Jorge Calderara realizaron una serie de diligencias en la capital, las que incluyeron la toma de declaración, en calidad de testigo, del ministro del Interior, Andrés Chadwick; el subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla; y el general director de Carabineros, Hermes Soto.
Ante ello, Abbott indicó desde Arica que "se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para poder avanzar en la investigación".
Consultado sobre la posibilidad de volver a requerir el testimonio de autoridades, contestó: "No es posible descartar ninguna diligencia. En las investigaciones siempre se van abriendo aristas y que es necesario ir indagando en consecuencia en una investigación nunca hay que descartar nada".
Así también, el persecutor se refirió al anunció que hizo el general Soto a La Tercera respecto un nuevo plan de seguridad en La Araucanía, además de un sistema de monitoreo, alojado en una central, que pretende tener en línea todos los operativos una vez que el efectivo encienda el aparato. Por el caso de Catrillanca, uno de los cuatro ex carabineros imputados reconoció haber destruido los registros del procedimiento.
"Lo importante es tener policías especializadas que permitan hacer investigaciones que lleguen a buen término. Y en consecuencia cualquier decisión que signifique tener policías especializadas, particularmente lo que dice relación con la naturaleza de los fenómenos delictuales, creo son importantes", señaló Abbott.
Y añadió: "Lo que se está intentando hacer es mejorar la calidad de las investigaciones y en ese sentido nos parece una buena noticia que se tomen medidas".
Hasta el momento, el Ministerio Público ha formalizado a los cuatro ex funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) que participaron directamente en el procedimiento que terminó con la vida del joven mapuche, imputándoles los delitos de homicidio y obstrucción a la investigación.
