SANTIAGO.- Una serie de acciones emprenderá el Consejo de Rectores (CRUCh) luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucionales las glosas de la Ley de Presupuesto que autorizaba a las universidades a utilizar los excedentes del Fondo Solidario para paliar parte del arancel de los estudiantes que este año pierdan la gratuidad.
Según estimaciones del CRUCh, hay unos 18 mil alumnos que perderían este beneficio en 2019 debido a que la Ley de Educación Superior –que comenzó a regir en mayo de 2018– establece que los estudiantes que excedan la duración formal de su carrera, dejarán de recibir el beneficio.
La misma ley también señala que si el alumno supera ese plazo, durante el año siguiente la institución sólo podrá cobrarle el 50% del arancel.
Precisamente, para paliar ese 50% que debían costear las propias universidades es que los parlamentarios habían incluido, vía glosa en la Ley el Presupuesto, la opción de que los planteles del CRUCh pudieran usar, por esta vez, esos recursos del Fondo Solidario.
Sin embargo, parlamentarios oficialistas recurrieron al TC para que declarara inconstitucional esa disposición, lo que ayer fue acogido por el tribunal. Aunque no se habían hecho parte del requerimiento, el Gobierno participó en los alegatos en favor de éste.
Ante esta situación, el vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, anunció que acudirán a la Contraloría porque, a su juicio, no corresponde que el Ministerio de Educación aplique en forma retroactiva la Ley de Educación Superior a los estudiantes que accedieron a la gratuidad en los años 2016 y 2017, ya que lo hicieron en las condiciones que establecía la glosa del Presupuesto, pues la ley aún no estaba vigente, por lo tanto, tampoco regían las condiciones en que los alumnos podían perder la gratuidad.
"Al establecerse el artículo 108 que termina la gratuidad, el Ministerio de Educación ha interpretado, a mi juicio, erróneamente, que los estudiantes que iniciaron su beneficio de gratuidad en el año 2016 o 2017, en virtud de una glosa que no establecía que debía ponerse término a la gratuidad, desgraciadamente hoy día el Gobierno lo está haciendo. De modo que vamos a concurrir a la Contraloría General de la República para que se declare que no corresponde aplicar retroactivamente el artículo 108", señaló el rector Valle.
"Lamentablemente, habíamos tratado de conservar una relación armónica respecto de esta situación, pero las actuaciones políticas que desgraciadamente han derivado en un fallo que daña a todas nuestras instituciones".
Aldo Valle, el vicepresidente ejecutivo del CRUCh
Sostuvo que esto lo harán "en virtud del fallo que ha tenido el Tribunal Constitucional y de la participación que han tenido tanto parlamentarios como el propio
Gobierno que, aunque no era requirente, alegó
en contra del Consejo de Rectores y a favor de un requerimiento político que buscaba simplemente impedir que pudiéramos resolver en favor de los estudiantes y sus familias".
Junto a esto, señaló que le mandarán un comunicado al Gobierno solicitándole que envíe una ley especial para que se modifique la ley que regula el Fondo Solidario. Esto con el fin de que "quede claro cuál es la voluntad política del Gobierno al respecto".
"Lamentablemente, habíamos tratado de conservar una relación armónica respecto de esta situación, pero las actuaciones políticas que desgraciadamente han derivado en un fallo que daña a todas nuestras instituciones y a nuestros estudiantes, nos han hoy día hecho decidir que debemos llevar adelante este conjunto de acciones", explicó.
Advierte que muchos estudiantes no podrán terminar sus carreras
El rector sostuvo que la decisión del TC tendrá "efectos gravísimos" en 2019, ya que "18 mil estudiantes perderán la gratuidad y no tendrán oportunidad de que las propias universidades concurran en su auxilio. Esto significa que las instituciones perderían $26 mil millones y tendrían que pagar, a su vez, $26 mil millones los estudiantes y sus familias", afirmó.
Advirtió además que, a raíz de esto, "está en peligro que un número muy importante de estudiantes no puedan seguir estudiando, no puedan terminar sus carreras" y criticó que "se prefiere optar por radicalizar un problema cuando lo que queríamos era evitar mayor conflictividad estudiantil durante el año 2019. Pero aquí se ha optado por el camino inverso, porque se den todas las condiciones para que haya una mayor conflictividad y radicalidad en ese conflicto", afirmó.
"Es lamentable que el Ejecutivo no haya sido sensible a buscar una salida provisoria".
Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca
En la misma línea, el rector de la
Universidad de Talca,
Álvaro Rojas, lamentó que "las instituciones tengan que recurrir a su patrimonio para financiar los problemas que generó una ley que fue aprobada por parlamentarios de todos los sectores" y sostuvo que lo más grave "es que el requerimiento presentado por los parlamentarios de oposición fue apoyado por el Gobierno, considerando que el Ministerio de Educación está consciente de los problemas de financiamiento que están teniendo las universidades adscritas a la gratuidad".
"Es lamentable que el Ejecutivo no haya sido sensible a buscar una salida provisoria, sobre todo pensando en las universidades estatales, porque es un tema que se debe resolver y el Gobierno igual tendrá que hacerse cargo de los problemas económicos generados en universidades por la gratuidad", concluyó.
