SANTIAGO.- Distintos han sido los esfuerzos locales por traer a Chile a Ricardo Palma Salamanca, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que fue condenado como autor material del asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Todos, sin embargo, han sido sin éxito.
La última negativa ocurrió esta mañana, luego que la Corte de Apelaciones de París rechazara extraditar al "Negro". La situación, causó el inmediata rechazo del Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos.
"Es el final de un largo camino, el final de una forma de relacionarse con la realidad. Ha vuelto la tranquilidad perdida", aseguró en una declaración pública el sentenciado.
En tanto, en una conferencia de prensa el Canciller Roberto Ampuero tildó de "incomprensible" la resolución, agregando que esta "niega tanto a las víctimas como a los familiares la posibilidad de obtener justicia".
El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, lamentó la resolución comunicada en menos de 60 segundos, recalcando que "no queda otra alternativa más que entender cada país es soberano para decidir respecto de estas solicitudes de colaboración".
"La justicia chilena queda en buen pie en el sentido que se hizo todo lo necesario para solicitar la extradición y si mañana hay otra posibilidad probablemente el señor ministro a cargo lo volverá a pedir", aseguró el magistrado.
A 27 años del crimen
Tras oír la decisión del tribunal, el hombre de 49 años que ha estado casi la mitad de su vida como prófugo, se retiró sin realizar declaraciones.
Dicha condición la tiene desde 1996, año en el que escapó junto a Mauricio Hernández Norambuena –actualmente preso en Brasil por secuestro-, Patricio Ortiz Montenegro refugiado en Suiza-, y Pablo Muñoz Hoffman –cuyo paradero se desconoce- desde la Cárcel de Alta Seguridad en una operación llamada “Vuelo de Justicia”.
27Años han ocurrido desde la muerte de Jaime Guzmán y 22 desde la fuga
Hasta comienzos del año pasado, sus pasos eran confusos. Se cree que al país galo ingresó en junio de 2017, escapando de México, donde vivía con identidad falsa y fue vinculado a una serie de secuestros en el Estado de Guanajuato, los cuales implicaron la posterior detención de Raúl Escobar Poblete.
Pero ya, pasadas las tres de la tarde del jueves 16 de febrero de 2018, las sospechas se confirmaron y fue detenido en plena calle.
Sin embargo, y a la espera de una orden de extradición, el tribunal de alzada parisino ordenó su libertad, estableciendo firma diaria en comisaría, prohibición de salir del territorio y con la obligación de responder a las citaciones. Paralelamente, su defensa solicitó refugio, y ya a los días, la Corte Suprema inició formalmente las gestiones.
Pero el proceso tardó más de lo esperado, y la situación fue tal, que el mismo Presidente Sebastián Piñera habló del tema con su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante su gira por Europa en noviembre. Menos de un mes después las pretensiones sufrieron un traspiés luego que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridras (Ofpra) le concediera el asilo.
El tema causó además una molestia entre las naciones, ya que Cancillería gala señaló que caso "remite a la historia de Chile bajo la dictadura", mientras que críticos locales señalaron rápidamente que el ex frentista fue condenado en democracia.
Y pese a que el Ejecutivo nuevamente intentó intervenir en la situación, motivando incluso el envío de una carta por parte del Mandatario a Macron para manifestar sus reparos, la respuesta del Gobierno francés fue tajante, indicando un claro respeto a la independencia de las instituciones.
Un hecho que genero tensión fue la reunión que sostuvieron los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini en París con Palma Salamanca. "Fue una reunión altamente imprudente y también irresponsable, que además puede afectar los intereses del Estado de Chile", afirmó tajante en su momento la ministra Cecilia Pérez, mientras que Boric negó cualquier tipo de gestión pública y privada.
Al debate también entró el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, quien se hizo cargo de una de las principales inquietudes del parlamentario, destacando imparcialidad en la condena dictada contra Palma.
"El sistema de justicia ha alcanzado niveles y estándares de legitimidad procesal cada vez más fuertes (...) La sentencia ha sido revisada constantemente, siguió todos sus trámites y en este momento esta sentencia es una verdad incontrastable", aseguró, mientras que hoy Cisternas lo respaldó: "Ese argumento en Chile ya no vale".
Dicha situación volvió a la discusión esta semana luego que Orsini tras indicar que, pese no contar con "todos los antecedentes del caso", no está "convencida" de que Palma haya participado en el crimen de Guzmán ya que "su confesión fue obtenida bajo tortura".
