SANTIAGO.- Uno de los indagados por las agresiones que sufrieron los dos ciudadanos ecuatorianos imputados por el homicidio de una mujer en el barrio República fue expulsado del país este lunes.
Así lo informó el comisario del Departamento de Policía Internacional del la Jefatura Nacional de Migraciones de la PDI, Álvaro Molina: "Esta expulsión se materializó el día de hoy en horas de la mañana (...) con destino a su país de origen, Colombia".
En junio del año pasado se viralizó un video de 45 segundos, donde se muestra cómo un grupo indeterminado de personas agrede a dos de los cuatro detenidos por el asesinato de una mujer en medio de un asalto. Los afectados aparecen rapados, sangrando y recibiendo descargas eléctricas, en una de las dependencias del penal Santiago 1.
Producto de ello, cuatro internos fueron formalizados por el torturas, siendo uno de ellos Jarvy Torres Perafán (31); además de un gendarme, causando la molestia del gremio de uniformados.
Desde la Fiscalía Centro Norte confirmaron a Emol que finalmente, y tras un juicio simplificado, el expulsado fue condenado a 200 días de presidio como autor de lesiones menos graves, ya que no se logró establecer la tortura. En cambio, el resto de los imputados está a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral.
El comisario agregó que el traslado de Torres, condenado por delitos relacionados a uso fraudulento de tarjetas, se realizó en compañía de detectives de dicha unidad a través de un vuelo comercial.
200Días de presidio fueron ordenados contra Torres por las agresiones a internos de Santiago 1.
Como él, continuó, fueron expulsadas otras 86 personas de nacionalidad peruana y boliviana por la frontera de Colchane y Chacalluta.
"Esto se enmarca en el instrucciones de tribunales de justicia respecto el artículo 34 de la ley 18.216 que sustituye penas de prisión a los ciudadanos extranjeros y los incluye para la expulsión de territorio nacional. Debido a esto no pueden ingresar por el periodo de 10 años y, en caso que lo hagan, tendrán que cumplir la pena que quedaron debiendo en su oportunidad", concluyó.
Aquella situación, indica dicha normativa, es solo para quienes tienen una pena igual o inferior a cinco años y que no mantenga una residencia legal en Chile.
