SANTIAGO.- Hasta la oficina del ministro
Alejandro Madrid llegó la vicepresidenta de la DC e hija del ex presidente
Eduardo Frei Montalva,
Carmen Frei, para presentar, junto a sus abogados, una apelación a la sentencia que terminó por determinar que el Mandatario fue asesinado.
El pasado miércoles, el magistrado calificó el fallecimiento como homicidio simple, descartando, por falta de evidencia, las teorías de envenenamiento y acción por mandato de las autoridades de la dictadura.
Así, condenó por el hecho al médico Patricio Silva a la pena efectiva de 10 años como autor del ilícito; a 7 años como coautores al ex chofer del ex jefe de Estado e informante de la CNI, Luis Becerra, y quien fuera agente civil de la central, Raúl Lillo.
También, sentenció a 5 años al médico Pedro Valdivia por su responsabilidad como cómplice; y a los tanatólogos Helmar Rosenberg y Sergio González a tres años de presidio con la pena sustitutiva de remisión condicional por su participación como encubridores.
La situación no dejó satisfechos a los intervinientes. El pasado viernes el ministerio del Interior y el abogado de la DC, Luciano Fouillioux, apelaron a la sentencia, sumándose hoy la defensa de Frei en un documento basado en cuatro aspectos.
"Lo importante que quedó demostrado es que fue un homicidio, que mi padre fue asesinado (...) Es un delito imprescriptible, de lesa humanidad y por lo tanto deja abierta la puerta y es lo que vamos a hacer, a otras personas, porque un delito tan planificado, tan llevado a cabo con tanta malicia, tiene más protagonistas, no solo los seis que están condenados", aseguró Frei.
Los aspectos apelados
Según explicó el abogado de la ex parlamentaria, Francisco Ugás, la apelación se basa en cuatro aspectos: aumento de penas, eliminación de atenuantes, cambio de calificación y muerte por envenenamiento.
"Estimamos que hay medios de prueba que permiten reconocer el empleo de veneno de dos sustancias tóxicas que interactuando fueron determinantes en causar la muerte a la víctima", señaló, en referencia a los peritajes que advirtieron la presencia de talio y gas mostaza en el cuerpo del ex Presidente.
Criticó así la calificación jurídica del hecho, asegurando que, por el uso de dichas sustancias y la premeditación que hubo en el caso, se trataría de un homicidio calificado
Además, se criticó la concesión de la atenuante de irreprochable conducta anterior en favor de Silva, Valdivia, Rosenberg y González: "Estimamos que dicha circunstancia atenuante de responsabilidad penal no debió estimarse respecto ellos".
Por último, el litigante señaló que, en atención a los tres puntos ya expuestos, las penas dictadas deben ser más elevadas, ordenando así presidio perpetuo para los sentenciados como autor y cómplices; 10 años de cárcel para aquel reconocido como cómplice; y cinco años para los encubridores.
