SANTIAGO.- "La idea no es solo reprimir sino también ayudar".El subprefecto Carlos Silva, jefe del departamento de Policía Internacional de la PDI, resume así uno de los trabajos que realizan a lo largo del país y que se ha vuelto cada vez más necesario ante el explosivo aumento de extranjeros en Chile.
Semanalmente, los detectives fiscalizan a foráneos a fin de detectar, principalmente, alguna infracción a la ley de Extranjería, además de la comisión del delito de ingreso clandestino o alteración o falsificación de documento.
Según cifras enviadas a Emol, en 2018 se realizaron 1.741 inspecciones, lo que equivale a un promedio de 33 diligencias a la semana. Ya, entre enero y el 24 de marzo de este año otras 1.557.
"Además de efectuar el control de entrada y salida del territorio, tenemos la obligación de fiscalizar a los extranjeros dentro del país. Para ello contamos con un teléfono con la aplicación Skypol, en la cual se encuentra nuestra base de datos. Podemos consultar y hacer levantamiento de personas", explicó el subprefecto.
La aplicación, añadió, permite además realizar georreferenciaciones y detectar lugares donde puede ser probable encontrar personas asociadas a alguna infracción.
Si la consulta arroja un resultado, el teléfono vibra. De las 1.741 fiscalizaciones realizadas el año pasado, 1.316 dieron positivo. Es decir, el 75,58% del total de casos. Por su parte, de las 1.557 realizadas este año, 642 dieron positivo (41%).
Causas y proceso
Entre las principales infracciones se encuentran casos de estudiantes foráneos que se encuentren sin visa especial; turistas que estén más del tiempo permitido -90 días y prorrogable hasta en dos oportunidades-; y la realización de trabajos remunerados sin el permiso debido. Esta última, precisó el subprefecto, abarca la mayoría de los casos.
"Un turista viene a gastar dinero al país, no a sacarlo. Cuando alguien lleva más de 90 días se tiende a pensar otra motivación, lo que no quita que nos puedan acreditar que reciben remuneración como turistas", señaló.
Y en esa línea agregó: "La fiscalización, aunque pueda ser difícil de creer, en muchas oportunidades implica para los extranjeros una ayuda para regularizar su situación que puede incluso estar asociada a algún tipo de vulneración. La idea no es solo reprimir sino también ayudar".
1.741Fiscalizaciones se realizaron durante todo el año pasado.
Ante un caso con resultado, la PDI tiene la facultad de llevar a la persona en cuestión hasta un cuartel para efectuar, en caso de esta quererlo ya que no está en calidad de detenido, una declaración para explicar los motivos de la falta.
Luego, se le somete a un control de firma y verificación de domicilio, siendo siendo además informada de los plazos con los que cuenta para realizar las gestiones necesarias.
En caso de no cumplir, se informa a la autoridad correspondiente, en este caso el Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior, quien podría aplicar sanciones como una amonestación, multa o incluso la expulsión.
Por su parte, si la persona consultada es requerida por algún tipo de delito, la situación se denuncia inmediatamente.
Han habido además situaciones, las menos, en que el extranjero no está en la base de datos.
"Preguntamos la forma de ingreso, porque hay que descartar trata de personas, tráfico de inmigrantes. Ante ello, hay que establecer la identidad a través de consulados y denunciamos por ingreso clandestino, lo que generalmente va asociado a algún delito de drogas", concluyó Silva.
