SANTIAGO.- Senadores de distintos sectores de la oposición hicieron llegar al Gobierno un documento donde rechazan el proyecto de ley de "Nuevo Sistema de Financiamiento Solidario" –que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE)– y establecen condiciones mínimas para poder dialogar con el Ejecutivo y tramitar la iniciativa.
Dicho proyecto, al que el Gobierno le puso suma urgencia, unifica en un solo instrumento todos los créditos estudiantiles –incluyendo al Fondo Solidario de Crédito Universitario– para financiar la educación superior.
En el documento los senadores de oposición advierten que el nuevo crédito que propone el Gobierno "apunta a competir con la política de gratuidad", en lugar de tener un carácter complementario y transitorio mientras se avanza en esa política. Esto ya que el crédito sería "más ventajoso para las instituciones", al permitirles "obtener mayor cantidad de recursos con menos regulaciones", por lo que "genera incentivos para que las instituciones que pueden dejen de participar del sistema de financiamiento gratuito".
Los senadores plantean que "es imprescindible alcanzar un acuerdo previo" con el Gobierno para poder tramitar el proyecto, ya que aprobarlo en general sin ese acuerdo significaría entregarle "un cheque en blanco".
Sostiene que dicho acuerdo deben incluir ciertas condiciones: En primer lugar, para enfrentar los problemas por la pérdida de gratuidad de miles de estudiantes que excedieron la duración nominal de sus carreras, instan al Ejecutivo a presentar un proyecto que recoja la indicación que se aprobó en la Ley de Presupuesto 2019 que autorizaba a las instituciones a usar excedentes del Fondo Solidario para destinarlos a otros fines, como becas.
"De esta manera, se podrá resolver al menos en parte la situación inmediata de déficit institucional y de imposibilidad de más de 20 mil estudiantes que verán truncadas sus posibilidades de continuar sus estudios", señala el documento.
También comprometerse a aumentar progresivamente los aportes directos a las instituciones de educación superior, "de tal modo que los aranceles vayan perdiendo preponderancia y así avanzar hacia un financiamiento basal con acento en lo público".
Junto a esto, ampliar la cobertura de la gratuidad al menos en un año sobre la duración nominal de las carreras, "estableciendo un sistema que haga responsable al Estado en el financiamiento, a las universidades en estrategias de acompañamiento a los estudiantes más vulnerables, y a los propios beneficiarios en el compromiso con sus estudios".
Cambios a retención de impuestos por crédito universitario
Creen además que el nuevo crédito debe establecer las mismas condiciones para las instituciones que adscriben a la gratuidad: Que seleccionen a sus estudiantes según el sistema de admisión establecido en la Ley de Educación Superior, que tengan al menos 4 años de acreditación, que sean sin fines de lucro (incluidos los IP y CFT); y se rijan por la regulación de aranceles reales sobre arancel regulado.
Respecto del nuevo crédito, son partidarios de que éste sea administrado por un servicio público y no una Sociedad Anónima del Estado; que no devengue interés; que considere un pago contingente al ingreso anual del 5% con tramos exentos; que incluya a los estudiantes del décimo decil; que el cobro a los desertores sea tras un periodo de gracia similar al del egresado; que se elimine el registro público de deudores; y la retención en la devolución de impuestos por parte del SII para el pago de las cuotas morosas sea voluntario, entre otros.
El senador Juan Ignacio Latorre destacó que "estamos logrando un acuerdo desde la oposición con los senadores que participan de la comisión de Educación y de Hacienda del Senado, jefes de comité de todas las bancadas de oposición, sobre el proyecto que reemplaza al CAE". "Desde nuestra perspectiva, éste es un proyecto regresivo, que retrocede respecto de lo legislado en gratuidad, que amenaza la gratuidad y fomenta el endeudamiento a los estudiantes sin generar cambios favorables para ellos", afirmó.
Sostuvo que por eso "es fundamental que el Gobierno se abra a cambiar aspectos estructurales del proyecto para poder tramitar" y advirtió que "si el Gobierno no acoge nuestra propuesta, pondría en riesgo la idea de legislar del proyecto que reemplaza al CAE".
El documento fue suscrito por el presidente de la Comisión de Educación, Juan Ignacio Latorre (RD); los senadores de esa comisión Jaime Quintana y Yasna Provoste (DC); el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber; los miembro de esa comisión Jorge Pizarro y Carlos Montes (PS); y los senadores Ximena Órdenes (DC), Alejandro Navarro, Alejandro Guillier y Carlos Bianchi.
