SANTIAGO.- Era casi la medianoche del viernes 5 de abril cuando Jorge Miranda (59) cruzó la puerta de un edificio en Santiago Centro, en Echaurren con Grajales. Su intención era subir hasta el tercer piso, donde vivía su ex pareja. Sobre él pesaba una medida cautelar: tenía prohibido acercarse a ella.
El conserje, Guillermo López (50) del edificio intentó impedir su paso, pero fue atacado por Miranda. El hombre lo agredió con una pistola de descarga eléctrica, y después con golpes de pie y puño. Lo lesionó de gravedad y López, a las horas, falleció en la ex Posta Central. Mientras, la mujer escapaba por el balcón.
El episodio dejó en evidencia un problema que hoy enfrentan los edificios y condominios donde cohabitan múltiples propietarios y arrendatarios: la falta de herramientas eficientes para controlar el acceso a personas que tengan órdenes de alejamiento u otro tipo de medidas cautelares, situación que se vuelve especialmente crítica en el contexto de la violencia de género.
El escenario, de hecho, se había presentado de forma similar en 2016. Una madrugada de agosto, pasadas las 2 de la mañana, Elvira Fernández (61) cubría el turno como conserje en un horario que inicialmente no le correspondía a ella. Entonces empezó a recibir llamados de diferentes habitantes, alertando de una pelea y ruidos violentos en un departamento.
"Dejé pasar un rato, porque yo no debo hacer ese trabajo, yo no tengo que ir. No es mi labor. Llamé a Carabineros, pero se demoraron, por supuesto, porque hay otras cosas", contó Fernández a Chilevisión. "Los vecinos se desesperaron y al final la señorita que estaba siendo agredida me llamó con urgencia, para pedir que fuéramos ya. Me afectó el llamado de ella, me apenó", añadió.
La mujer subió hasta el departamento junto a un compañero de trabajo. Cuando abrieron la puerta, el agresor los golpeó a ambos. A él, incluso, lo pateó en el suelo. Dice Fernández que la víctima, dentro del departamento, estaba en estado de shock.
Un "desafío importante"
Para los conserjes, el tema no es fácil porque se sienten desprotegidos. El presidente de la Federación Nacional de Conserjes y del sindicato, Iván Hernández, comentó a Emol que enfrentarse a ese tipo de situaciones les "pasa siempre", y que ellos están considerados en el Código del Trabajo como un funcionario común. "Hay una ley que dice que si uno agrede a un funcionario municipal hay una pena grande, pero nosotros no entramos dentro de eso por lo que no hay el mismo trato hacia nuestra persona", puntualizó Hernández.
"No podemos trabajar de carabinero porque nosotros no tenemos ninguna herramienta para eso"
Iván Hernández, presidente de la Federación Nacional de Conserjes
Respecto a los temas de seguridad, según el conserje, ellos siguen las reglas que pone el administrador que "se van dando en el tiempo y van cambiando". Por lo que muchas veces se ven expuestos a una situación de "tira y afloja" con el visitante que no se quiere registrar, entregar los datos o mostrar el carnet para poder entrar.
Respecto a los pasos a seguir en caso de enfrentarse a una situación complicada con una visita, Hernández recalca que son "llamar a Carabineros y al administrador y avisarles lo que pasó". Esto porque "cuando hacemos el curso OS-10 de Carabineros, lo primero que nos enseñan es que nosotros no tenemos porqué intermediar en lo que pase en el edificio. No podemos trabajar de carabinero porque nosotros no tenemos ninguna herramienta para eso", añade.
Para David Peña, miembro de Administradores Chile, una red de copropietarios de edificios, este vacío legal que afecta a los conserjes para enfrentar este tipo de situaciones se compensa con una serie de normas de seguridad dispuestas por las comunidades, pero recuerda que los edificios por ser lugares "privados pueden elegir poner toda la seguridad que quieran, pero no hay una exigencia de seguridad mínima".
Para evitar que ingrese una persona no deseada al condominio, hay una serie de iniciativas que se pueden implementar, pero que muchas veces significan costos monetarios para los vecinos, según explica Peña. "Nosotros le recomendamos a las comunidades tener al conserje con ambos cursos (el del OS-10 y de primeros auxilios), y si hay que pagarle un poco más para que su título no sea conserje sino que guardia de vigilancia, yo sí lo haría", indica.
"Los edificios por ser lugares privados pueden elegir poner toda la seguridad que quieran, pero no hay una exigencia de seguridad mínima"
David Peña, Administradores de Chile
Respecto a los controles, existen tecnologías "de acceso que pueden leer el carnet y el pasaporte dentro de la misma aplicación web. El conserje puede sacarle una foto a la persona y queda el registro. Pero hay edificios en el centro que son clientes de 'Comunidad Feliz' que incluso tienen torniquetes, y ahí el conserje no tiene que hacer nada físico, sino que la persona no puede pasar si es que no tiene una aprobación".
La plataforma, se encuentra trabajando con la "PDI y el Poder Judicial, para que al momento de registrar el rut, el sofware inmediatamente revise en fiscalía si hay una orden de aprehensión o de restricción de acercamiento", detalló Peña.
Preocupación de alcaldes
El tema incluso preocupa a los municipios. En el caso de Independencia, se trata de una arista específica de un problema que han empezado a enfrentar. "Tenemos un programa especial de trabajo con los comités de administración y con los conserjes de los edificios en materias de seguridad ciudadana, pero en un sentido amplio", explica a Emol el alcalde Gonzalo Durán.
Se trata de una política que "incluye derechos y deberes de las comunidades" y que enseña "qué hacer en caso de un conjunto de posibles situaciones de ocurrencia de delitos e incivilidades, como ruidos molestos o incluso problemas de microtráfico dentro de los mega edificios", explica. "Este año estamos empezando un programa de asistencia y capacitación en los edificios, en conjunto con Carabineros", añade.
"Lo que no hemos hecho es incluir medidas específicas para tener información oportuna de medidas cautelares de personas que puedan estar en estos edificios, que tendrían que coordinarse con el Ministerio Público", expone. "Efectivamente ahí se abre, quizás, un desafío importante hacia el futuro", afirma.
