SANTIAGO.- Enriquecimiento ilícito, prevaricación y cohecho. Estos son los tres delitos que el equipo de Alta Complejidad de la Fiscalía de O'Higgins indaga en el caso judicial que ha sido tildado como el nuevo "Desastre de Rancagua".
A casi cinco meses de iniciada la investigación penal, tres de los siete ministros de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad se encuentran suspendidos de sus funciones por presuntas irregularidades en la tramitación de sus causas. En paralelo, el Ministerio Público se prepara para formalizar a uno de ellos el próximo 26 de abril.
Según informaron desde el ente persecutor, en dicha instancia se espera imputar al juez Emilio Elgueta los delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricación respecto a siete fallos. Sin embargo, las personas y resoluciones bajo la mira son muchas más.
Los antecedentes recabados en la investigación que encabeza el persecutor Sergio Moya han permitido seguir los pasos del magistrado; de los también ministros Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez; de ocho funcionarios judiciales y nueve abogados particulares. Son 20 indagados en total.
Según informó El Mercurio, se mantienen registros telefónicos entre Elgueta y distintos abogados en períodos en que las causas que patrocinaban estaban tramitándose en la Corte.
En cuanto a las sentencias, son en total 35 -incluyendo las siete por las que se formalizará a Elgueta- las que levantaron las sospechas.
Fallos
¿Qué ocurre si se llega a comprobar alguna irregularidad en una sentencia condenatoria en la que participaron uno o más de los cuestionados ministros?
Ante esta pregunta el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, explicó durante esta semana que un fallo no se puede cambiar a menos que se recurra a una de la causales de un recurso de revisión, el cual será visto por el máximo tribunal.
20Personas están siendo indagadas por presuntas irregularidades en la tramitación de causas.
"Los fallos que puedan revisarse pensando que hay alguna irregularidad en su expedición o el favorecimiento de alguna de las partes tiene que ser a petición de parte o por denuncia del Ministerio Público", explicó.
Por su parte, el abogado penalista y profesor UC, Cristóbal Bonacic, añadió que esta es una acción "de carácter extraordinario que permite modificar una sentencia cuando esta no es susceptible a nulidad o apelación", y que es procedente por causales "muy específicas", ya que implicaría dejar sin efecto una sentencia condenatoria.
A su juicio, agregó, en este caso podría llegar a esgrimirse la causal que refiere cuando esta "hubiere sido pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho del juez que la hubiere dictado, o de uno o más de los jueces que hubieren concurrido a su dictación".
"Los fallos que puedan revisarse pensando que hay alguna irregularidad en su expedición o el favorecimiento de alguna de las partes tiene que ser a petición de parte o por denuncia del Ministerio Público".
Ministro de la Suprema Lamberto Cisternas
El abogado precisó que, si bien no recuerda casos donde se haya aplicado dicha causal, sí han habido algunos que refieren a denuncias por abusos sexuales donde la supuesta víctima, ya mayor de edad, reconoció haber mentido durante su infancia producto de presiones de familiares: "Generalmente por parte de la madre a fin perjudicar a un ex cónyuge".
En esa línea, añadió que en la materia civil el plazo para interponer dicho recurso es de un año, mientras que para lo penal no hay límite.
"Hay un plazo natural en el sentido que la pena que se impuso se esté cumpliendo. Cuando ya se hubiese cumplido pierde efecto práctico, pero se puede interponer por perjuicio a una persona que cumplió una pena o incluso por parte de un heredero para rehabilitar su memoria".
Desde la fiscalía, en tanto, señalaron que, por el momento, el enfoque está en detectar irregularidades en fallos a fin de llevar ante tribunales a presuntos responsables. Ya a futuro, con lo primero zanjado, corresponderá revisar esa situación.
Las otras medidas
La formalización de Elgueta y la suspensión de tres ministros de la Corte no han sido las únicas decisiones tomadas y comunicadas en el marco de este caso.
Esta semana, la Corte Suprema rechazó, por 9 votos contra 8, abrir cuaderno de remoción contra los tres ministros en cuestión, siendo el principal motivo el hecho que aún no ha finalizado la indagatoria interna encabezada por la ministra Rosa María Maggi.
Así también, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua inició una audiencia pública y abierta a la comunidad para la elección de cinco cargos de jueces de la región. Esto, luego que ordenaran repetir 11 audiencias públicas para proveer dichos cargos, ya que en ellas habían participado los tres jueces suspendidos.
Y, en esa línea, dicho Pleno prohibió además el ingreso de estos últimos a dependencias del tribunal, considerando la polémica que generaron las visitas que hizo Vásquez a su despacho, pasadas las 23:00 horas.
Por último, los jueces de alzada de la región anularon los alegatos de siete causas vistas en las salas que solían integrar los ministros suspendidos.
Tres estaban en estado de acuerdo; otras tres, con "medidas para mejor resolver", y una "en estudio", consignaba el acta del Pleno, la que agregaba que entre ellas se incluían juicios civiles y uno proveniente de "Policía Local", de los últimos dos años, y mayoritariamente son apelaciones de sentencias definitivas.
Según señaló el presidente de la Corte de Rancagua, Pedro Caro, todas ellas a fin de "continuar con el funcionamiento normal".
"Nosotros hemos adoptado varias medidas destinadas a regularizar y transparentar muchos procesos con el objetivo que la comunidad mantenga confianza en nuestro trabajo", aseguró esta semana.
