SANTIAGO.- El 11 de septiembre de 1973, Fernando Soto estaba en el edificio del Instituto Nacional, donde cursaba tercero medio. Su papá, Fernando Soto Droully, era vicerrector del establecimiento y por eso vivía ahí, como vivían también los demás directivos en esa época. Ese martes, él y su familia se escondieron en el subterráneo y se mantuvieron allí por tres días. Convertido hoy en rector del liceo emblemático, Soto todavía guarda las esquirlas de bala que recogió en el edificio.
Llegó al cargo en 2014, luego de concursar vía sistema de Alta Dirección Pública, en medio de movilizaciones por la implementación del sistema de ranking de notas de la PSU. Hoy, el establecimiento también se agita: suman más de una semana las movilizaciones a raíz de la aplicación de la ley Aula Segura, las que han provocado enfrentamientos con Carabineros y daños a la infraestructura.
Este jueves, la situación escaló y el Presidente Sebastián Piñera lo emplazó directamente. "La brutal violencia en el Instituto Nacional es inaceptable. Un puñado de delincuentes tiene capturada a esa comunidad a punta de violencia y bombas molotov, y eso no lo toleraremos como sociedad. Para eso impulsamos la ley Aula Segura. Señor director, ejerza las medidas necesarias", dijo a través de su cuenta de Twitter.
El rector ha hablado a través de declaraciones en la página web, donde dice cosas como que "no claudicaremos ante la presión que quieren ejercer unos pocos" o que seguirá "protegiendo el derecho a la educación" de sus estudiantes, pero no ha dado entrevistas, tampoco conferencias de prensa.
"La semana pasada vi al rector arrancando de una tromba de jóvenes" dijo el representante de la Corporación de Padres, Aquiles Herrera, a La Tercera. "Esto pasó todos los límites: los estudiantes lo querían agredir. Él no puede dar entrevistas, porque lo tienen amenazado. Me dijo que está aterrado, que es un rector y no un sheriff".
En medio de la tensión y al menos en el espacio público, el rector se mantiene en silencio.
El rector rociado con bencina
A principios de septiembre pasado, en una jornada de recuperación de clases en el establecimiento, un grupo de encapuchados roció con bencina a docentes y al propio rector. En esa oportunidad, Soto denunció que no contaba con la normativa legal para sancionar a los alumnos que ejercieran violencia.
Entonces valoraba el proyecto Aula Segura que hoy ya es ley. "Es un avance, pero no creo que resuelva todos los problemas", decía al citado medio. Según él, la norma permitiría sancionar solamente a alumnos identificados como responsables de actos de violencia. "El tema es que cuando uno enfrenta a estos grupos pseudo anarquistas, que suelen cubrirse de overoles, tapar su calzado y encapucharse, es muy difícil identificarlos".
"Ha sido ofendido, insultado, amenazado incluso con que van a ir a atentar contra su oficina"
Víctor González-Lira, Corporación de Padres
"Creo que las nuevas generaciones han leído con mucha atención cuáles son sus derechos, pero no han puesto la misma atención a cuáles son sus obligaciones", dijo también en esa oportunidad. Además apuntó a la responsabilidad que tienen las familias en la crianza de sus hijos y la forma en que se comportan dentro del establecimiento.
Hoy los padres comentan que las gestiones de su parte para solucionar la crisis han sido insuficientes, aunque entienden que la suya es una posición complicada. "Se ha visto en muchas situaciones complejas de las cuales no ha salido muy bien", cuenta a Emol Víctor González-Lira, vicepresidente de la Corporación de Padres y Apoderados. "Ha sido ofendido, insultado, amenazado incluso con que van a ir a atentar contra su oficina", agrega.
Señala que el conocimiento que tienen de la situación es parcial, pero que "lo que logramos ver es que gestiones por parte de él prácticamente no hay". "No sé si en realidad él tendrá todas las herramientas en sus manos para tomar decisiones de este tipo. Se comenta mucho que las decisiones, en realidad, no pasan por sus manos", dice.
Del Saint George al Nacional
Soto comenzó su carrera profesional al mismo tiempo que estudiaba Pedagogía en Historia en la Universidad de Chile. Su padre, que era profesor del colegio particular subvencionado Universidad Popular Pedro Aguirre Cerda ubicado en el centro de Santiago, tomó la decisión de otorgarle un curso cuando tenía 19 años.
"Fue de sopetón. La primera impresión fue de una tensión enorme. Recuerdo que fue una clase de historia medieval a un segundo medio. Mi papá pensaba que en la práctica docente, mientras antes empiece el proceso, más posibilidades tiene el maestro de adquirir sus herramientas", dijo a la revista Qué Pasa en 2014.
Tenía poco tiempo libre: estudiaba por la mañana en Macul, por la tarde hacía clases en dos colegios y en la noche trabajaba como garzón en Las Condes. Ha dicho que su sueldo atendiendo mesas era superior al que ganaba haciendo clases. "Era un dolor profundo, pero no por mí, sino por la profesión, que es algo tan estratégico para el desarrollo del país", contó.
En los años '80 fue profesor y jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales en el Preuniversitario Ceaci, y posteriormente entró al Saint George, donde trabajó por once años y llegó a ser miembro del Consejo Académico. Aunque entró con prejuicios, dice que tiene "una deuda de gratitud" con el colegio por el pluralismo del que fue testigo, aunque después, asegura, el establecimiento "asumió una actitud más conservadora".
Entonces volvió al Nacional, institución que defiende constantemente en el debate público. En 2014, por ejemplo, se enfrentó al rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, quien aseguró que en el establecimiento sólo preparaban a los estudiantes para la PSU. "Los muchachos tienen desde los primeros años una vocación republicana", le dijo.
Un proceso "enriquecedor"
El actual momento de tensión que afecta al Instituto Nacional empezó con la lesión física de un funcionario en el marco de una manifestación estudiantil. A raíz de esto, el colegio inició un proceso dentro del marco de la ley Aula Segura, que fue mal recibido por los alumnos. Lo que acusaron fue persecución política contra un solo estudiante, cuando la lesión, según ellos, fue producto de una acción colectiva.
Este viernes comenzó con la noticia de que los apoderados del alumno decidieron retirarlo de la institución, como informó la Dirección en la página web. Contaron, además, que el joven ya había sido expulsado en 2017 y que se le condonó la sanción a cambio de "compromisos de mejoramiento de su conducta".
"Tenemos que entender que estamos todos nerviosos, que este no es un clima adecuado ni armónico para desempeñarse laboralmente, pero siempre hemos estado dispuestos a conversar"
Carlos Urzúa, vicerrector de Extensión
En ese contexto, hoy el instituto enfrenta una jornada de reflexión en la que participan profesores y directivos. "Queremos escuchar propuestas por parte de ellos: cómo podrían cooperar, cómo nos identificamos con el instituto, qué nos gustaría cambiar", cuenta a Emol el vicerrector de Extensión, Carlos Urzúa. El objetivo, dice, es debatir "con racionalidad y altura de miras" para que el proceso sea "enriquecedor".
Urzúa además niega que el rector se encuentre amenazado. "Eso es absolutamente falso. Se dijo que estaba amedrentado y eso no es verdad", asegura. "Tenemos que entender que estamos todos nerviosos, que este no es un clima adecuado ni armónico para desempeñarse laboralmente, pero siempre hemos estado dispuestos a conversar", añade.
"Cuando se producen estos hechos de violencia al interior del colegio, que incluyen enfrentamientos entre estudiantes y Carabineros, lo único que podemos hacer nosotros como directivos es tratar de velar por la seguridad de toda la comunidad", agrega. "Lo que hacemos, entonces, es desplazarnos hacia algún sector donde haya mayor tranquilidad y seguridad, pero en ningún caso el rector está coartado".
