SANTIAGO.- En libertad quedó el
ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, luego que la Corte Marcial otorgara libertad bajo fianza tras casi seis meses de detención. Un tema que esta mañana abordó el abogado del uniformado en retiro,
Miguel Ángel Cháves..
Su salida, que finalmente se zanjó con el pago de $5 millones, había sido solicitada en reiteradas oportunidades por la defensa del general (r), siempre con una respuesta negativa. Aquello cambió la tarde de ayer, luego que el militar resolviera, en un fallo dividido, su salida.
"Lo que viene ahora es desplegar por parte nuestra la mejor defensa para demostrar que el señor Fuente-Alba es completamente inocente. Nosotros estamos convencidos que no tiene responsabilidad penal", manifestó a Tele13 Radio el abogado del retirado militar procesado por malversación de $3.500 millones provenientes de gastos reservados.
En esa línea, aseguró que su defendido "nunca perdió la esperanza", pero que sí manifestó cierto malestar por la forma en que se ha abordado su caso.
"Hay varias formas de aproximarse a la situación del señor Fuente-Alba. Él está muy afectado por el tratamiento tan injusto que se le ha dado, particularmente por los medios de prensa", expresó al medio.
A modo de ejemplo, indicó que ya en 2014 se empezó a hablar del "abultado patrimonio" del militar, comunicándose cifras de hasta $9 mil millones: "Eso fue desmentido por informes policiales en 2017. El patrimonio del señor Fuente-Alba no alcanza los $1.000 millones (...) siempre quedó la imagen de $9 mil millones".
Eventual reclusión y crítica al procesamiento
Una de las situaciones pendientes tras la salida de Fuente-Alba refiere a la investigación que lleva paralelamente el Ministerio Público.
A fines de junio el general (r) fue formalizado por el delito reiterado de lavado de activos. Y es que según la Fiscalía Centro Norte, el ex uniformado realizó distintas acciones tendientes a intentar ocultar o disimular el origen de casi $650 millones provenientes de gastos reservados, y por los cuales fue procesado en justicia militar.
$3.500Millones es la suma por la que fue procesado Fuente-Alba.
En dicha oportunidad no se discutió si aplicar prisión preventiva ya que el retirado uniformado se encontraba recluido producto de la investigación de la ministra Romy Rutherford, dictándose en tanto arraigo nacional.
Ya ayer, y tras su salida del Batallón de Telecomunicaciones, el fiscal José Morales pidió a tribunales agendar una audiencia para discutir las cautelares. Según ha trascendido, publicó El Mercurio, se solicitará prisión preventiva.
Sobre ello, Cháves planteó: "Cuando se pide intensificación, la razón de base es que algo ha pasado que se pide la prisión preventiva; algo ha pasado en sentido peligro de fuga o riesgo que el procedimiento se frustre (...) Mirado el día de hoy ¿qué cambió para el señor Morales, si es que efectivamente va a pedir la prisión preventiva?".
Continuó recalcando que "el estado natural de las personas es libertad" y acotó: "¿Cómo va a sostener peligro de fuga por estar en libertad? (...) A mi me parece que ahí no se expresa lo que el Código Procesal Penal denomina necesidad de cautela. El mismo fiscal ha recibido la declaración del señor Fuente-Alba en por lo menos cuatro ocasiones, ha ido voluntariamente".
El litigante también aprovechó de cuestionar ciertos aspectos de procesamiento de la ministra Rutherford, asegurando que se da a entender que el militar se enriqueció con el dinero que habría malversado.
"¿Cómo va a sostener peligro de fuga por estar en libertad? (...) A mi me parece que ahí no se expresa lo que el Código Procesal Penal denomina necesidad de cautela. El mismo fiscal ha recibido la declaración del señor Fuente-Alba en por lo menos cuatro ocasiones, ha ido voluntariamente".
Miguel Ángel Cháves, abogado de Fuente-Alba.
"A nuestro modo de ver, porque lo dice el autoprocesamiento, lo que hizo fue destinar a fondos públicos diferentes de aquellos para los cuales fueron solicitados esos dineros de gastos reservados", explicó.
Sostuvo que, de acogerse eso, se trataría de "malversación por destinación pública diferente", con una pena de suspensión de cargo, lo cual "ni siquiera se le puede aplicar".
Concluyó asegurando que ambas investigaciones están conectadas y que si "me enfrento y tengo éxito en decir que la imputación de malversación de caudales públicos es errónea, se cae la otra (de lavado de activos)".
