Mario Aguilar (izquierda) junto a la ministra reunidos por el paro docente, en julio pasado.
Agencia Uno/Archivo
SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, justificó este viernes la decisión de la oposición de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, aunque reconoció que un cambio en la cartera no provocará modificaciones en la política educacional del Gobierno.
Al respecto, el dirigente comentó a Emol que "es conocido que somos muy críticos de la gestión de la ministra, nosotros antes de esta acusación ya habíamos hablado de que creemos que ha abandonado sus funciones, cuando se dedicaba a otras materias y no a atender los problemas efectivos de la educación".
"El mejor ejemplo es que mientras estaba la educación pública con serios problemas, los nuevos servicios locales haciendo agua, ella andaba en una gira por el país promoviendo un proyecto de ley que ni siquiera se había presentado. Entonces, nosotros creemos que hay fundamentos", añadió.
En esa línea, también recordó lo ocurrido con las demandas de las educadoras diferenciales y de párvulos. "La respuesta que nos dio el ministerio no fue que no correspondía la mención, sino que no había plata. Eso es reconocer que la razón de fondo no es que no tengan el derecho, por lo tanto, es una discriminación", dijo.
En cuanto a si creen que la salida de Cubillos provoque un cambio en la política del Gobierno en materia educacional, Aguilar sostuvo: "Nosotros creemos que la política educacional del Gobierno no es la correcta para lo que necesita la educación chilena y probablemente un nuevo ministro va a continuar con ella".
No obstante, aclaró que "otra cosa es que ese ministro o ministra que esté deba cumplir con las responsabilidades de su cargo. Nosotros creemos que la ministra no ha cumplido con la responsabilidad de su cargo y los ejemplos son varios".
"Incluso, no está me parece -no conocemos el detalle de la acusación-, pero debiera incluirse el tema del paro docente. La ministra estuvo cuatro semanas sin sentarse a conversar. Un paro que duró 51 días pudo durar mucho menos con todos los efectos negativos que eso tiene", indicó.
A su juicio, "si ella hubiera cumplido con sus labores y obligaciones de ministra de Estado, se hubiera resuelto el conflicto. No lo hizo durante cuatro semanas y eso alargó el paro de manera artificial, sin necesidad".
