SANTIAGO.- La decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para detener el proyecto de la oposición que reduce la jornada laboral, y la confirmación de una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, reabrieron el debate sobre el uso que se está haciendo de la institucionalidad en el país.
Mientras desde el oficialismo defienden la necesidad de acudir a la instancia, opción que se podría extender a más de 17 iniciativas en trámite que tendrían indicaciones inadmisibles; desde la centroizquierda acusan al Ejecutivo de abusar del TC, que ha sido calificado por el bloque como una "tercera cámara".
En tanto, a juicio de La Moneda y Chile Vamos, el líbelo que acusa a Cubillos de incumplir la Constitución y las leyes no tiene sustento jurídico y es una demostración de que sus adversarios están utilizando de forma errónea los instrumentos de fiscalización con los que cuenta el Congreso Nacional, sentando un grave precedente para el futuro.
En el primer caso, el abogado Patricio Zapata recordó esta semana los dichos del diputado Ramón Barros (UDI) en la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara en la que se revisó el proyecto de "40 Horas", en la cual el parlamentario advirtió que "si ustedes siguen así, nos obligan a declarar la inconstitucionalidad".
Según el jurista, esa postura "revela hasta qué punto se ha instalado la idea de que hay un sector de la política que tendría, de algún modo, mejores posibilidades ante el tribunal. Y creo que están equivocados (…) que haya un sector que con tanta liviandad asuma que el TC les va a dar la razón, es inconveniente".
En esa línea indicó que "lo que hay que evitar es usar el TC deliberadamente como un arma o arrastrarlo innecesariamente para resolver problemas políticos. Y dejar el recurso del tribunal solo cuando realmente se justifica, y creo que, en el caso que nos ocupa, el Gobierno debiera darle una oportunidad a la persuasión".
Mientras que en el caso de la acusación, el defensor de Cubillos, Francisco Cox, expuso que “es fundamental que tomemos en serio a las instituciones, las cuidemos y que las herramientas se usen con el sentido para el cual fueron previstas (…) En este caso, parece haber un intento de controlar una agenda política".
"La oposición comete un tremendo error, porque cuando se trivializan las instituciones, uno tiene que pensar que a veces las cosas se dan vuelta y no siempre uno va a estar en una determinada posición. Por eso es tan importante contribuir a que esta función jurisdiccional que tiene el Congreso sea tomada en serio", añadió.
El profesional acusó además que "cuando uno lee la acusación, ve que es desprolija y uno esperaría de nuestros parlamentarios que actúen con el máximo rigor, con estándares legales y constitucionales, y se tomen en serio sus funciones. Yo, al leer la acusación, veo que efectivamente se está abusando, se está forzando una institución".
Análisis de las posturas
Ante ambas posturas, el Director del Magíster en Comunicación Política de la U. Adolfo Ibañez, Max Colodro, dijo a Emol que “son dos situaciones distintas. La acusación constitucional es algo que se ha llevado adelante históricamente -y en este caso queda reafirmado con fuerza- más bien como un juicio político que de infracción a la Constitución".
"En ese sentido, creo que efectivamente no solo la acusación constitucional, sino que en general los instrumentos de fiscalización de la Cámara de Diputados tienen serios problemas de rigor en la manera en cómo se utilizan. Me refiero desde las interpelaciones, las comisiones investigadoras y las acusaciones constitucionales", añadió.
En cuanto al recurso ante el TC, el académico sostuvo que "en ese caso, yo tiendo a coincidir con la opinión del Gobierno, en el sentido de que aquí se han estado vulnerando y debilitando las atribuciones que la Constitución le otorga de manera exclusiva al Presidente de la República. Por lo tanto, corresponde es que el Presidente haga una presentación".
"Creo que efectivamente el proyecto de las 40 horas tiene serios vicios de constitucionalidad y esa es a mi juicio la razón por la cual el año 2017, cuando este proyecto fue presentado originalmente, la mesa de la Cámara presidida en ese entonces por Osvaldo Andrade y después por Fidel Espinoza tomó la decisión de declararlos inadmisibles", añadió.
Consultado sobre si ve cierto abuso del TC por parte del Gobierno y el oficialismo, el analista señaló que "yo estoy en desacuerdo, porque dadas las debilidades de la realidad actual, con una política que se deteriora y parlamentarios cada vez menos rigurosos a la hora de presentar iniciativas, lo razonable es que tengamos un mecanismo de control preventivo".
En cuanto a las consecuencias que puede tener esta situación, Colodro apuntó a un proceso de "deterioro institucional de la política, en donde se han relajado las exigencias y el rigor con el cual se deben trabajar y presentar los proyectos. Eso es un problema serio, porque como lo dijo Cox, aquí se está debilitando deliberadamente la institucionalidad".
"Eso se expresa también en el hecho de que no se estén respetando las urgencias puestas por el Ejecutivo (…) lo que se está haciendo en estricto rigor es violar la Constitución y debilitar las instituciones, señales que me parecen delicadas para la calidad de la política y para la calidad de las instituciones en general", enfatizó.
Sobre si habrá que acostumbrarse a este tipo de debate político, el experto planteó que "lamentablemente, es un estilo que se ha ido consolidando, en el que los políticos más bien responden a las encuestas y no a la racionalidad, el rigor, la responsabilidad, la densidad técnica de los proyectos. El caso de las "40 Horas" es emblemático en ese sentido".
"Se está abusando"
Para Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la U. de Talca, lo que ocurre actualmente en la política gira en torno a las amenazas. "Se está abusando de la amenaza para hacer uso de este tipo de instituciones", comentó.
Según ejemplifica, "dado que el gobierno tiene minoría en el Congreso, amenaza con ir al TC para doblarle la mano a la oposición. El TC es una especie de VAR legislativo: mientras el Congreso -el árbitro- decide una cosa, el equipo- Gobierno- insta a revisar la jugada. El TC, entonces, puede retrotraer la decisión del legislativo".
Por otro lado, estima que la oposición "amenaza con llevar a miembros importantes del gabinete a una acusación constitucional, lo que ocurre con Cubillos, y probablemente también ocurra con Chadwick".
"Mediante estos dos mecanismos nos podemos olvidar de la política. El gobierno se taima y recurre al TC, y la oposición se encoleriza y acusa constitucionalmente a los ministros. Así, no hay ninguna posibilidad de que la política se transforme en un espacio de negociación"
Mauricio Morales
"Estos resultados políticos responden a la incapacidad del gobierno para tender puentes con la oposición, y también por la inconsistencia de esa oposición, fragmentada en grupos dialogantes y de bloqueo permanente. Por tanto, persistirá la amenaza de uno y otro lado para hacer uso del mecanismo", sostuvo.
De acuerdo a al experto, como que no existen límites políticos "aunque sí jurídicos" para utilizar estos mecanismos, La Moneda y la oposición "pueden cortar puentes y dejar decisiones relevantes para una especie de tercera cámara, o provocar un desfile de ministros por el Congreso".
"Mediante estos dos mecanismos nos podemos olvidar de la política. El gobierno se taima y recurre al TC, y la oposición se encoleriza y acusa constitucionalmente a los ministros. Así, no hay ninguna posibilidad de que la política se transforme en un espacio de negociación. En consecuencia, nos tendremos que acostumbrar a este clima hasta que ambas partes entiendan que el único camino posible en una democracia es apelar a la política, y no a instituciones cuyo uso debe ser restringido y muy acotado", zanjó.
