SANTIAGO.- En julio de 2009, el debate que se libraba dentro del Congreso había llegado también a las calles, donde se realizaban manifestaciones a favor y en contra del uso de la píldora del día después, un método anticonceptivo de emergencia que ha sido, desde su invención, polémico.
Fue entonces cuando se aprobó la Ley 20.418, que fija las normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de regulación de la fertilidad y que permitió su distribución tanto en el sistema público como el privado.
La legislación vino después de años de idas y venidas: en 2007, el Tribunal Constitucional prohibió su distribución en el sistema público y en 2008 la Contraloría la restringió también de las políticas de fertilidad municipales.
El proyecto fue una iniciativa de la propia Presidenta en ejercicio, Michelle Bachelet. "Esta ley no obliga a nadie a hacer algo que vaya en contra de sus principios éticos o morales, no impone autoritariamente un criterio sobre lo que se debe hacer", decía a comienzos de 2010, al promulgar la normativa.
"Lo que hace, por el contrario, es entregar libertad a las mujeres, dándole la posibilidad de elegir por sí y para sí y, como autoridades, creo que esto es un gran avance en nuestro país", añadió.
Desde esa discusión han pasado diez años y el uso de la píldora ha ido evolucionando: hoy registra un alza importante en el mundo privado, pero casi un estancamiento en el sistema público.
Aumento dispar
Según datos de la industria privada, el consumo de la píldora llegó a 26.747 dosis en 2009, año en que se empezó a comercializar Escapel. En 2018, se alcanzaron 345.506 dosis, es decir, su uso aumentó cerca de 13 veces.
Si en 2010 la ley permitió la distribución de la pastilla, en 2015 otro cambio vino a incidir en el panorama: el Instituto de Salud Pública publicó un decreto que permitió la dispensación de la píldora anticonceptiva de emergencia en farmacias, sin receta médica. El hecho generó que la demanda por la píldora se incrementara en un 195%.
76% de los chilenos aprueba la píldora como método de anticoncepción de emergencia
Las cifras indican que el uso de Escapel se ha masificado y también ha crecido su aceptación en la población. Según datos de la encuesta Cadem, el 76% de los chilenos lo aprueba como método de anticoncepción de emergencia.
Pero pese a la legislación y las normativas vigentes, la realidad del mundo privado dista mucho a la del público: si en 2010 se distribuían 49.418 cajas de la pastilla en este último, en 2018 la cifra subió a 55.584, es decir, un aumento de apenas un 13%.
La razón, según explica el ginecólogo y presidente de la Corporación Miles, Guillermo Galán, es que "gran parte de la población no obtiene la píldora por falta de información" y a que "aún persisten mitos que no permiten el esperado uso que debiera tener el fármaco", como la noción de que es abortivo, algo que los estudios científicos desmienten.
Además de la falta de información, para el diputado de la comisión de Salud, Andrés Celis (RN), otro factor puede ser la "vergüenza" al asistir a un centro de salud, "mientras que en una farmacia puede ir a comprarla cualquier persona", lo que según el diputado no siempre ocurre en los recintos asistenciales.
Además, Celis señala que el procedimiento en la salud pública puede ser "muy engorroso", explicando que hay Cesfam que sólo entregan el anticonceptivo, por ejemplo, en caso de violación y previa denuncia. Para esto, el diputado propone "elaborar un protocolo común a todos", el cual no existe hoy, que evite situaciones "discriminatorias e injustas, además de que la pastilla no es barata, cuesta cerca de $16 mil", manifestó Celis.
