SANTIAGO.- Diez medidas incluyó la agenda de seguridad presentada ayer por el Presidente Sebastián Piñera, entre las que destacan el envío o el apoyo a proyectos de ley que ya están en el Congreso y que buscan endurecer las penas ante situaciones de saqueos, uso de barricadas y presencia de encapuchados en protestas.
A juicio del Mandatario, las sanciones actuales para dichos delitos no son suficientes como para poner fin a la serie de hechos de violencia que se han producido en los últimos días en el país en medio de la serie de manifestaciones y protestas que se iniciaron el pasado 18 de octubre.
Por ello, con el objetivo de
apuntar a los masivos saqueos registrados en distintos puntos de Chile en estas semanas, el jefe de Estado anunció que hoy enviará al Parlamento con
urgencia suma un proyecto que aumente la pena de esos hechos, los cuales actualmente se investigan como robo en lugar no habitado.
De acuerdo al artículo 442 del Código Penal, ese delito implica una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (541 días a 5 años), siempre que concurra alguna de estas circunstancias: escalamiento, fractura de puertas interiores, armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, y haber hecho uso de llaves falsas, o verdadera que se hubiere sustraído, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo o abrir los muebles cerrados.
Si se aprueba la nueva ley, se establecerá una figura calificada por el delito de robo en lugar no habitado, con una penalidad mayor (3 años y 1 día a 5 años), cuando el autor perpetrare la conducta actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, con ocasión de calamidad pública o grave alteración del orden público.
Ley antiencapuchados
En este punto, Piñera decidió patrocinar y colocar carácter de discusión inmediata a una iniciativa creada por los senadores Felipe Kast (EVO), José Miguel Insulza (PS), Felipe Harboe (PPD), Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI), que busca sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo cometa lo haga ocultando su rostro para ocultar su identidad.
La ocultación del rostro o identidad faculta a las policías para realizar un control de identidad, de acuerdo al artículo 85 del Código Penal. Si esta persona, se niega a acreditar su identidad, se detendrá como autora de la falta señalada en el artículo 496 del mismo texto legal.
"El que ocultare su verdadero nombre y apellido a la autoridad o a persona que tenga derecho para exigir que los manifieste o se negare a manifestarlos o diere domicilio falso", establece el texto, imponiendo una
multa de 4 UTM, equivalentes a casi $147.000.
El proyecto de los parlamentarios añade un inciso al artículo 269 del Código Penal, aumentando en un grado las penas establecidas en el párrafo anterior, que indica que "los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causados".
Ley Antibarricadas
El mismo artículo es el que sanciona como "desordenes públicos" la instalación de barricadas. Ante ello, el Gobierno decidió patrocinar y poner urgencia al proyecto creado por los diputados de RN Marcela Sabat y Diego Schalper, entre otros, que dispone el aumento de la pena de desórdenes en un grado.
Lo que hace la iniciativa es generar una agravante al delito de desórdenes públicos, señalando que el delito de desorden público, que va de 61 a 540 días de presidio, al aplicarse, se considera la mitad superior de la pena.
Respecto de la figura agravada, que tiene que ver con impedir la libre circulación o el tránsito de los vehículos de emergencia u otros de la misma naturaleza, la pena también se va a aplicar solamente en el grado superior.
Es decir, ya no se va a considerar como presidio menor en su grado mínimo o medio, sino no solamente en su grado medio, que esto es 541 dias a 3 años.
Experto: "Se enmarcan en otro delitos más genéricos"
Tras conocer las medidas, el abogado penalista de la U. de Chile, Ramón Sepúlveda, explicó que "hoy no existen tipos penales particulares respecto a saqueos, barricadas y encapuchados propiamente tal, lo que ocurre es que estos hechos se enmarcan en otro delitos más genéricos".
"El saqueo configura el robo en lugar habitado y no habitado, siendo la pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años) y de presidio menor en su grado medio a máximo en el segundo (541 días a 5 años)", añadió.
En esa línea, recordó además que "las barricadas y encapuchados se enmarcan en el delito de desórdenes públicos, que tiene aparejada una pena de reclusión menor en su grado mínimo (61 a 540 días). Respecto a estar encapuchados el único elemento es que configura un indicio perse para proceder al control de identidad".
En ese contexto, Sepúlveda comentó que "lo que el gobierno pretende es darle una mayor pena a estos delitos cuando los hechos se dan en una situación particular como son las protestas".
