La mañana del ayer sábado, la jueza Antonia Flores, del Tribunal de Garantía de Talcahuano ordenó las cautelares de arraigo nacional y firma mensual para los seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) imputados por los casos de emergencias ambientales registradas durante agosto de 2018 en Talcahuano y Quintero-Puchuncaví.
Pese a que inicialmente la parte querellante -que había solicitado prisión preventiva para todos- manifestó estar conforme con la resolución, consideraron que esperarán tener en sus manos el documento para estudiar las medidas a tomar, no descartando una apelación.
"Estamos estudiando la posibilidad de presentar una apelación, ya que sentimos que hay fundamentos para ello. Nosotros solicitamos prisión preventiva o arresto domiciliario total con la finalidad que se pudiera evitar cualquier intervención por parte de los ejecutivos y que pudiera estorbar las diligencias de investigación, porque nosotros sí entendemos que ellos ocultaron información", sostuvo el abogado representante de la municipalidad de Quintero, Luis Araya a El Mercurio de Valparaíso.
Por su parte, el jurista Remberto Valdés -representante de 1.176 querellantes de Quintero y Puchuncaví- dijo a través de un comunicado que los fundamentos de la resolución "son un potente triunfo para mis representados, porque destrozan todos y cada uno de los conceptos que los abogados de los ejecutivos de ENAP crearon para intentar convencer a la jueza Flores de la inocencia de estas personas".
"Vamos a persistir en que la pena penal tiene que ser aplicada en concreto, realmente, de manera corporal y vamos a seguir peleando por la prisión preventiva aunque no nos vaya bien", indicó al diario El Sur.
Con todo, reconoció que este tipo de delitos son menos gravosos más bien por un problema de orden legislativo, sin embargo, manifestó que continuarán trabajando "para que los ejecutivos de ENAP paguen con cárcel el daño que le han hecho a las más de mil cien personas que representamos (...) la batalla recién comienza".
Distinta postura expresaron desde ENAP, pues tras conocerse la resolución, el abogado Cristián Muga discrepó en el hecho de que los trabajadores hayan incurrido en algún delito. "Nosotros mantenemos nuestra no participación de los hechos", y destacó "el hecho declarado por el tribunal de que no se puede establecer ninguna vinculación entre lo expuesto por el Ministerio Público con los daños que las víctimas dicen haber sufrido en cada una de estas regiones".
Además, agregó que, en segundo término, "nos parece muy valioso también, tanto la resolución judicial de hoy, como la disposición del Ministerio Público, a investigar causas alternativas de estos hechos", indicando la posibilidad de que existan factores multicausales en los episodios de contaminación.
Recordar que el tribunal fijó un plazo de 18 meses de investigación.
