SANTIAGO.- Poco más de una semana alcanzó estar con arraigo nacional el prefecto de Aysén, coronel Pablo Capetillo Contreras, luego que este miércoles la Corte de Apelaciones de Coyhaique revocara dicha cautelar y decretara en reemplazo su prisión preventiva, en el marco de la indagatoria que el Ministerio Público lleva adelante en contra del uniformado.
Fue el pasado 25 de noviembre cuando la fiscalía de Aysén le imputó el delito de obstrucción a la investigación, el cual habría cometido al ocultar dos videos y entregar un falso testimonio el pasado 6 de noviembre, en el contexto de las movilizaciones sociales registradas en la ciudad.
Según el ente persecutor, dicho día un grupo indeterminado de personas comenzó a efectuar desórdenes en la intersección de calle Ogana con Campo Alegre, ante lo cual intervino Fuerzas Especiales de Carabineros, bajo el mando del coronel Capetillo.
En dicho contexto, un funcionario policial resultó con lesiones graves al ser impactado por una piedra, lo que derivó en la detención de M.S.M., quien fue llevado ante tribunales como autor del delito de maltrato de obra a carabineros, quedando en prisión preventiva.
De acuerdo a los antecedentes del caso, Capetillo fue informado por personal de Labocar de la existencia de un video, captado por otro funcionario, que ponía en duda la participación de M.S.M., ante lo cual habría ordenado que dicho material gráfico no se incluyera en el informe pericial de análisis de imágenes.
Así también, cerca de las 20:00 horas del 6 de noviembre, prestó declaración en calidad de testigo, en la que sindicaba como responsable al joven que alcanzó a estar cinco días privado de libertad.
Pero aquello no fue todo, ya que además se detectó que el mismo imputado detenido por Carabineros también grabó la acción con su celular, registro que también descartaba su responsabilidad. Ahora M.S.M. enfrenta una investigación por desórdenes públicos y no por maltrato de obra a carabineros con resultado de lesiones graves.
Tras su formalización, el tribunal de la ciudad decretó arraigo, y ya hoy la Corte revirtió la situación en un fallo unánime.
"(Estamos) satisfechos con la resolución de la Corte sin lugar a dudas (...) la única medida cautelar que puede asegurar a la sociedad, la tranquiliada de la región y también al éxito de las diligencias era la prisión preventiva", sostuvo el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
El persecutor indicó además que, en el marco de la investigación por obstrucción, se realizaron diversas diligencias, entre ellas entradas a domicilios e incautación de evidencia, y frente a las cuales el imputado presentó "cierta resistencia": "Incluso, gravemente a juicio de este fiscal regional, se le ha faltado el respeto al fiscal que estaba actuando en su momento, toda vez que fue grosero en la forma de ser y responder preguntas".
