SANTIAGO.- En plena vía pública y sin oponer resistencia fue detenido la tarde de ayer el último implicado en el crimen de Xaviera Rojas que faltaba por aprehender. Sin embargo, la ciudad en la que Javier Bustamante Bustos (32) fue hallado no era en la que residía.
"Se realizó un amplio empadronamiento y una investigación a la familia cercana del imputado. Se logró recabar información de importancia, tanto de fuentes abiertas como cerradas, y algunas técnicas de inteligencia policial, que permitieron establecer que el imputado se había trasladado a la localidad de Quintero", señaló el jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI, subprefecto Pedro Calderón.
Y es que, de acuerdo a lo recopilado por la policía civil, tras el homicidio de la joven de 18 años, quien fue abordada mientras se dirigía a la Casa de la Cultura de San Bernardo, Bustamante escapó a la región de Valparaíso alojándose en la casa de una tía.
"Un contingente de esta unidad se trasladó a dicho lugar, efectuando diversas diligencias policiales, tanto entrevistas, como ocultaciones, puntos fijos, logrando determinar en un momento del día de ayer que el imputado salía de un domicilio junto a un familiar", agregó.
Ello, mientras su hermano y otro sujeto -Diego Bustamante Bustos y Edgard Layseca Urra-, ya habían sido detenidos como coautores del hecho. Ambos fueron formalizados el martes, quedando en prisión preventiva.
Según precisó el jefe de la BH, Javier Bustamante sería el autor material del delito: habría sido él quien abordó a Rojas, la obligó a ingresar a una casa abandonada, y golpeó con un objeto contundente.
Una evidencia clave para los investigadores fue el teléfono de la víctima, desde el cual se envió un mensaje a su padre asegurando ya haber llegado al centro cultural.
"En una investigación paralela se logró la ubicación del teléfono de la víctima, el que había sido vendido a un particular en la suma de $20 mil. De acuerdo a lo investigado por el momento este había sido vendido por el hermano del imputado, ya detenido", detalló Calderón, agregando que el comprador, al darse cuenta que el equipo aún mantenía archivos, se lo entregó a la PDI.
Tras su formalización, el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó su prisión preventiva.
Materia de investigación sigue siendo el motivo del crimen, el cual podría haber derivado de un asalto o de una agresión sexual. Para confirmar o descartar la ocurrencia de esto último, se esperan informes por parte del Servicio Médico Legal (SML).
