SANTIAGO.- El estilo de vida que empezó a llevar el ingeniero M.R.R. (35), no se condecía con los ingresos que legalmente recibía. Desde 2014, su patrimonio comenzó a crecer. Llegó a tener una automotora, con más de $150 millones en vehículos, propiedades y autos de lujo, mientras que su sueldo, como jefe de Proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), seguía casi intacto.
La alerta, sin embargo, llegó recién en diciembre de 2018 de parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a las oficinas del Ministerio Público.
El documento aludía a una transacción sin aparente justificación a la cuenta de M.R.R., y la fiscalía Centro Norte inició la investigación, la que delegó a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) de la PDI.
Pasaron un par de meses, aseguraron cercanos al caso, cuando las sospechas se confirmaron. El problema era que no solo había un involucrado en un hecho puntual, sino que un grupo, según se indicaría más tarde ante tribunales, que formaba parte de una red de corrupción dedicada a defraudar a la cartera mediante licitaciones.
Ya la semana pasada se detuvo y formalizó a 21 personas, entre ellas funcionarios de la cartera, empresarios y familiares de los primeros por un perjuicio que hasta ahora suma un poco más de $630 millones, a la vez que se indagan contratos irregulares por más de $2.200 millones.
El tribunal, en tanto, aseguró que "aquí había una maquinación destinada a defraudar al fisco". "Aquí hubo incumplimiento de deberes funcionarios y se obtuvieron beneficios económicos, por lo que estamos en presencia de cohecho", dijo la magistrada Pilar Ahumada.
Implicados en el caso aseguran que fue M.R.R. el "cerebro" de todo.
Autos, viajes y propiedades
Casado, con dos hijos y titulado como ingeniero civil en informática, M.R.R. llegó al Minvu en febrero de 2008 como analista de sistemas.
Tras cinco años, asumió el cargo de Jefe de Proyectos, mismo que mantenía hasta su detención el pasado viernes, en dependencias de la cartera.
De acuerdo a la información de su perfil de LinkedIn, es, desde 2013, docente en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones del Duoc UC. Sin embargo, fuentes de Emol confirmaron que sus servicios en dicho instituto culminaron en 2014.
"Entre mis objetivos principales se cuentan: aportar al desarrollo social, trabajando para resolver las problemáticas habitacionales que tienen directo impacto en las personas. Además, aportar con mi creatividad, sentido de liderazgo, habilidades y competencias al equipo de trabajo; generando buenas relaciones y creando un ambiente laboral agradable", señala en su perfil.
Cercanos al caso señalan que él, con un sueldo que iba entre el millón 800 mil y los dos millones de pesos, era el único proveedor de su familia. Pagaba él los estudios de su esposa, al igual que la colegiatura de sus hijos, ambos en recintos privados.
Señalaron también que, desde 2014 a la fecha, periodo en el que se constató operó la red, compró cuatro propiedades. Una de ellas la vendió, otra la puso a nombre de su madre y otra a nombre de su suegro.
"Aquí había una maquinación destinada a defraudar al fisco (...) Aquí hubo incumplimiento de deberes funcionarios y se obtuvieron beneficios económicos, por lo que estamos en presencia de cohecho".
Jueza Pilar Ahumada, del 7° Juzgado de Garantía
La cuarta, detallaron, era la más anhelada: una parcela en Buín, cuyo contrato de compra venta por $300 millones ya había firmado al momento de su aprehensión. La tramitación de la propiedad, sin embargo, fue congelada tras destaparse el caso.
Así también creo una sociedad con su esposa y abrió una automotora dedicada a la reventa de vehículos adquiridos en remate. En este último negocio llegó a tener 30 máquinas, equivalentes a $150 millones.
Y es que los autos eran un gusto especial. Se compró un Chevrolet Camaro, y una camioneta Chevrolet Silverado, además de otros modelos. También, detallaron fuentes de Emol, los viajes al extranjero fueron un recurrente.
De acuerdo a lo acreditado por los investigadores, M.R.R. recibió, mediante transacciones, cerca de $400 millones. Sin embargo, la cifra, aseguran, es mucho mayor ya que también se le entregó dinero efectivo y del que no dejó rastro en propiedades o bienes. De esto último se estima una suma de $200 millones.
En tanto, se detectaron bienes presuntamente vinculados a la red por más de $2 mil millones, aunque dicen que el número debería ser mayor, ya que la cifra es solo lo comprobado hasta el momento.
Empresas de papel y vínculos desde antes
Para investigar el caso, la Brilac, que dispuso tres equipos con ocho detectives en total, llevó a cabo distintas diligencias permitidas en la ley de lavado de activos, entre ellas intervenciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, levantamiento del secreto bancario, trazabilidad y análisis patrimoniales.
Así se fue estableciendo que funcionarios del Departamento de Informática del Minvu, y que además eran miembros de la comisión evaluadora, favorecían ciertas empresas en las licitaciones.
Fuentes de este medio explicaron que en un principio era una empresa proveedora del Estado la involucrada. Luego se sumaron y crearon más.
5Empresas proveedoras del Estado llegaron a estar implicadas, según la investigación.
De hecho, al momento de la formalización del caso, se constató el uso de cinco empresas para estos fines, algunas con sede en el extranjero. Sin embargo, precisaron, hasta el momento solo se ha establecido una coordinación local.
El juego era así: la empresa involucrada con los trabajadores postulaba y se llevaba el proyecto. A ojos del Estado, esta cumplía con los requisitos. Sin embargo, solo "prestaba el nombre", ya que a su vez subcontrataba otra empresa que se encargaba de los realizar los servicios. A cambio, recortaban entre el 10 y 13% del monto saldado.
Los trabajos, sin embargo, no siempre se llevaron a cabo. La investigación constató que incluso se contrataba menos personal del que se requería, haciendo incluso que fueran los mismos funcionarios del Minvu los que desarrollaran los proyectos por los que se llamó a licitación.
Estas empresas subcontratadas dividían el saldo entre ellas y los funcionarios de la cartera. Los porcentajes que a cada uno le llegaba, dependía de cada proyecto.
A medida pasaba el tiempo, fueron entrando a los concursos más empresas. En una de ellas incluso figura como asociado el primo de M.R.R., quien es sindicado por los implicados en el caso como un 'palo blanco', ya que el verdadero controlador era el funcionario.
También se crearon empresas "de papel", destinadas a ocultar el origen de los montos. Una de ella funcionaba como caja receptora -la empresa subcontratada le depositaba a ella-, la que a su vez le depositaba a otra, que finalmente era la que repartía a los involucrados. Ambas se presentaban como empresas dedicadas a asesorías.
Esta última caja receptora también estaba a nombre del primo de M.R.R.
¿Cómo logró funcionar toda la trama, si no todos los servicios eran entregados? Pues eran los funcionarios involucrados, especialmente M.R.R., quienes se encargaba de hacer la licitación, evaluar la empresa que se lo adjudicaría, y luego hacer seguimiento del producto entregado.
En la información incautada se constató, por ejemplo, que habían fichas que debían ser presentadas por las empresas postulantes que fueron subidas al sistema desde el computador de M.R.R.
Así también, se confirmó que los dueños o socios de las empresas que ganaban las licitaciones conocían desde antes con los imputados.
Ahora, las pesquisas también involucran a otras carteras: a las que las empresas involucradas también prestaron servicios. A la fecha, 21 personas han sido formalizadas por los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Tanto M.R.R., como otros seis imputados, quedaron en prisión preventiva.
