SANTIAGO.- Entre enero de 2012 y abril de este año se habría llevado a cabo una millonaria malversación de caudales públicos en el Hospital Base de La Unión "Juan Morey".
Así lo confirmó esta tarde la Fiscalía de Los Ríos, en el marco de una indagatoria que se centró en ahora dos ex funcionarios del servicio de salud: el exsubdirector administrativo del hospital, José Martínez Ecalona, y el exjefe de contabilidad del recinto, Andrés Carrasco Solis.
Según explicó hoy en audiencia el persecutor jefe de La Unión, Raúl Suárez, Martínez, "aprovechando el ejercicio de su cargo" y "con consentimiento y concierto previo" con Carrasco, quien entregó cheques firmados en blanco de la cuenta corriente del hospital de La Unión, bajo la justificación de realizar pagos centralizados de gastos, "procedió a girarlos a su nombre como beneficiario de dichos instrumentos mercantiles".
De acuerdo al Ministerio Público, de dicha forma, ambos imputados lograron cobrar los cheques, sustrayendo los fondos asociados a ellos, los que alcanzaron un total de $1.452.371.772.
Para llevar a cabo la sustracción, añadió Suárez, "los imputados falsificaron instrumentos públicos e hicieron uso malicioso de dichos documentos falsos, logrando por esa vía el giro de dinero por medio de instrumentos bancarios, que luego fueron cobrados y percibidos por estos".
$1.452.371.772la cifra que habrían sustraído, según la investigación.
Por ejemplo, el 31 de este año se adjudicó una licitación a varios proveedores por un total de $21.059.350, "contrahaciendo o fingiendo firma o rúbrica y faltando a la verdad en la narración de los hechos sustanciales, toda vez que, que dicha resolución es inexistente".
Por ello, la fiscalía llevó a tribunales a ambos imputados para formalizarlos por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento de uso público. Sin embargo, el abogado de Martínez no llegó a la cita, declarándose por ello abandonada su defensa y fijándose audiencia de imputación de cargos para el 10 de enero.
En tanto, Carrasco sí fue formalizado, decretándose en su caso la medida cautelar de prisión preventiva, además de un plazo de investigación de 180 días.
