Este viernes, el diputado de RN, Andrés Longton, anunció en televisión que presentará una acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. La magistrada se encuentra desde ayer en el ojo del huracán, luego de que se confirmara que el único sospechoso por el asesinato de Ámbar Cornejo es Hugo Bustamante, un ex recluso que accedió a libertad condicional en 2016 por una comisión presidida por ella.
Desde entonces, la ministra ha sido blanco de críticas y amenazas. El jueves, incluso, se destinaron rondas policiales cerca de su domicilio para proteger su seguridad. La personalización del hecho en la figura de Donoso generó, también, una respuesta protectora, y un grupo de 36 abogadas de profesoras de derecho penal, criminalística y defensoras de derechos humanos redactaron una carta en su apoyo.
"Como mujeres, abogadas y académicas de Derecho y Criminología, todas defensoras de los derechos fundamentales de las personas, todas conocedoras de la importancia de la inserción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales, rechazamos las demandas de mayor punitivismo y el ataque recibido por la ministra Silvana Donoso, en relación con la libertad condicional otorgada en el año 2016 al presunto autor del lamentable femicidio de la adolescente Ámbar", dicen.
Según la carta, que recoge La Tercera, la trayectoria de Donoso "se ha caracterizado por su postura garantista, por la técnica y la ética profesional". "De hecho, la primera decisión en Chile con perspectiva de género en el contexto del actual estado de pandemia es de su coautoría, entre varias otras, cuando sustituyó la pena privativa de libertad de una mujer con embarazo de alto riesgo por el arresto domiciliario, en cuya fundamentación se hace referencia a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", exponen.
También recalcan que la decisión de la libertad condicional de Bustamante fue tomada "por una comisión formada por cuatro magistrados y debidamente motivada en los criterios objetivos establecidos en la ley vigente a la época, es decir, respetuosa de la legalidad". Según recogen archivos de prensa, la comisión decidió de forma colectiva apegarse a la normativa existente para dirimir, la cual sí favorecía el caso de Bustamante.
"Entendemos que el principio de legalidad es uno de los pilares del Estado de derecho y su observancia es más que esperada, siendo obligatoria en la labor judicial. Una sentencia judicial contraria a la legalidad, sí podría ser motivo legítimo de indignación social, aparte de las consecuencias legales que podría generar a los magistrados que la otorgasen. Insinuar o afirmar que Silvana Donoso tiene responsabilidad en el lamentable y brutal femicidio de Ámbar es irresponsable y equivocado", agregan.
"Populismo penal"
La carta fue firmada por académicas de las universidades Católica, de Chile, Austral, Andrés Bello, Central, de Los Andes, Diego Portales, Alberto Hurtado y de O'Higgins, entre otras, quienes lamentan que "temas de fondo permanezcan sin respuesta legislativa, como es el caso del proyecto de ley que asegura el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" o "la reglamentación de la ley de libertad condicional que fortalece el acompañamiento y fiscalización de los beneficiarios de esta medida".
"Entendemos como absolutamente equivocada la respuesta exclusivamente punitivista que se ha dado a las demandas de las mujeres"
Abogadas
Las abogadas critican lo que denominan como "populismo penal" en torno al debate, luego de que en redes sociales surgieran también pedidos por establecer la pena de muerte, entre otras medidas. "Creemos que las garantías del individuo son infranqueables y entendemos como absolutamente equivocada la respuesta exclusivamente punitivista que se ha dado a las demandas de las mujeres", aseguran en la misiva.
"Es un error político y de política criminal mantener un camino que busca exclusivamente el aumento de penas y reducción de garantías, pues distrae de la pendiente y urgente discusión sobre la evaluación de la eficacia de políticas públicas y la implementación de programas para enfrentar la violencia de género en contra de las mujeres, adolescentes y niñas", añaden.
