"La eliminación del Senado es un error para el funcionamiento de la democracia", dijo la semana pasada la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón (DC), tras conocer la norma generada en la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional que pone fin a la corporación y crea un Consejo Territorial en su reemplazo.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de constituyentes del FA y el PC, también contó con el rechazo de parlamentarios socialistas. "El PS no está a favor de eliminar el Senado. En la bancada jamás hemos hablado de eso", dijo el senador Rabindranath Quinteros, lo cual abrió un enfrentamiento con los convencionales de su partido.
En ese contexto, surgieron dudas respecto a cómo enfrentará la administración del
Presidente electo, Gabriel Boric, a un Senado en alerta ante su posible cierre, lo cual impediría la tramitación de sus reformas. Según los expertos, de no haber cambios en la norma, se produciría una "
parálisis institucional" nociva para el gobierno entrante.
Ante esas dudas, el futuro ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, adelantó que la postura del nuevo Ejecutivo será respaldar la autonomía de la Convención, junto con llamar al próximo parlamento a "separar las discusiones" respecto a lo que pasará en el Congreso y la Convención.
"Quienes tienen el mandato para poder llevar adelante las normas que terminen construyendo el texto de la nueva Constitución son los convencionales. Nosotros podremos facilitar, pero el debate político y las normas finalmente las terminan zanjando los convencionales", recordó.
En esa línea, Jackson sostuvo que "nosotros hemos manifestado ese respeto a la autonomía, sin perjuicio de que las diferentes actorias políticas, estén o no dentro del gobierno, puedan tener una opinión respecto de los temas, pero nosotros queremos ser plenamente respetuosos en la autonomía que tenga que tener la Convención".
Consultado sobre si está al tanto del peligro que supone para el nuevo gobierno tratar con senadores oficialistas en contra, manifestó que "entiendo las complejidades que eso va a suponer para la labor que nos toque desde el 11 de marzo, mi impresión es que es sano separar las discusiones en este tema".
"Uno es el mandato que tiene la Convención respecto a las normas que puedan regirnos para los próximos 20 o 30 años y otra cosa distinta son los proyectos de ley en los que debemos materializar cuanto antes posible ciertos anhelos que la ciudadanía tiene en la agenda legislativa que esperamos proponer", explicó.
En ese sentido, remarcó que "por lo tanto, creo que los parlamentarios van a tener que enfrentarse a dos procesos en paralelo y no hay que desconocer: Uno es la agenda legislativa en la que creo muchos coincidimos al momento de presentarnos a la elección".
"Otra cosa distinta es que legítimamente tanto senadores y diputados puedan emitir opinión si una norma les gusta o no. Lo importante es no mezclar ambas discusiones y esperamos que eso también se entienda al momento de discutir los proyectos de ley en el Congreso", concluyó.
La visión de los expertos
Ante este dilema, el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales advirtió que el tema claramente abrirá un flanco importante para Boric. "El problema del Presidente es fundamentalmente con los senadores PS y PPD. Si ellos le niegan apoyo legislativo, entonces lo más razonable es que abandonen el gobierno".
"Sería muy extraño que un partido político sea gobierno en el Ejecutivo y oposición en el legislativo, más aún con un gobierno que recién se instalará el 11 de marzo. Pero por otro lado, Boric está muy apretado para la obtención de mayorías en ambas cámaras", recordó.
En la misma línea, el
decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que "resulta evidente que esta decisión de terminar con el Senado es un daño colateral que los convencionales del FA y el PC probablemente han tenido en cuenta en relación a la relación del Gobierno de Boric con la Cámara Alta".
"Va a ser una relación difícil, probablemente los convencionales del FA, el PC y el Colectivo Socialista no han medido todas las dificultades que pueda traerle esto al nuevo gobierno, en especial si uno mira la correlación de fuerzas del Senado que se instalará el 11 de marzo", agregó.
El experto recordó que "en ese Senado, el pacto Apruebo Dignidad tiene un número muy reducido de senadores y si le agregamos a toda la oposición solo llegan a la mitad de esta instancia. Por lo tanto, se ve difícil ahí que la tramitación de proyectos pueda avanzar con facilidad si es que esta relación con un Senado que virtualmente podría morir en los próximos años se llega a concretar".
Mientras, el cientista político y profesor de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández, explicó que "una posible eliminación del Senado por parte de la Convención produciría, en la práctica, una parálisis institucional para el gobierno de Boric, que necesita negociar con la Cámara Alta".
"Para el Senado cada negociación será una nueva oportunidad para asegurar su supervivencia post Convención. El presidente entrante tendrá que demostrar ser el líder de su coalición y empujar a los convencionales a regular los radicales cambios que proponen si quiere sacar adelante sus reformas", enfatizó.
Las alternativas para Boric
En cuanto a qué debiera hacer Boric para revertir esta situación, Moreno expuso que "el Presidente y su gobierno van a tener que repensar su relación con el trabajo de la Convención, especialmente en lo que dice relación con las posiciones que están adoptando los convencionales del FA y el PC".
"Ahí de alguna manera habrá que aplicar una dosis de realismo político para entender que dada la relación de fuerzas adversa del Gobierno en el Congreso eso va a obligar a revisar probablemente la propuesta o el diseño del nuevo régimen político que está planteándose en la Convención", indicó.
Para Morales, "sería muy contradictorio que Boric intente intervenir en la Convención, que es un órgano independiente, toda vez que el mismo ha defendido esa independencia de manera clara. Cualquier intervención sobre el poder constituyente será leído como una conducta más asociada a la vieja que a la nueva política".
"Por tanto, si bien Boric puede dialogar con algunos convencionales para revertir la decisión, es muy difícil que eso ocurra, pues los convencionales saben que pertenecen a la institución política que genera mayor confianza (sobre el 50% según Cadem) y con un plebiscito de salida que, eventualmente, se ganará con cierta holgura", dijo.
En tanto, Fernández comentó que "al Presidente entrante no le queda más opción que ejercer su liderazgo político en pos de moderar la acción de la Convención. Su gabinete y diseño de instalación está pensando para triunfar en el plebiscito de salida y tener opción de sacar adelante la reforma tributaria".
"Y aún cuando sus voceros dirán públicamente que la Convención es independiente y jugarán a la lógica del buenismo, si Boric quiere gobernar deberá persuadir a los convencionales hasta el punto en que la estructura política que se proponga sea coherente con la realidad e historia del país", subrayó.
Según el académico, "el Senado es un órgano con plena legitimidad democrática, y deberá utilizarla para hacer frente a la posibilidad de su propia extinción. Así como la Convención tiene de tarea proponer un borrador de la nueva Constitución, el Senado tiene la misión - hasta su último posible día - de legislar y mejorar la institucionalidad".
"El Gobierno tendrá que comprender esta situación, y no podrá jamás caer en la tentación de quitarle legitimidad a la Cámara Alta. Un choque de trenes entre ambos poderes sólo llevaría a un fracaso absoluto de la agenda de reformas que propone la administración del presidente Boric", advirtió.
Finalmente, Moreno recordó que la relación entre ambas partes dependerá "del comportamiento de senadores que saben que desde el FA y del PC los convencionales pretenden terminar esa institución, eso hará bien difícil la convivencia y la situación para un gobierno que debe enfrentar varias situaciones complejas".
"Si le sumamos a eso una dificultad en la correlación de fuerzas en el Senado durante este año por lo menos, la acción del gobierno podría verse seriamente afectada por la probable disposición de los senadores a tener una relación distinta con un gobierno cuyos representantes en la Convención pretenden terminar con la institución", cerró.
