Tal como lo había anunciado ayer el Gobierno, la ministra de Interior, Izkia Siches y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, se reunieron esta mañana en La Moneda con los directores de las policías para abordar distintas medidas en orden a enfrentar la violencia que se vive en la macrozona sur.
Esto luego del ataque incendiario que se registró ayer en Los Álamos, en la región del Biobío, donde un grupo de 40 encapuchados armados quemaron cerca de 33 vehículos -entre camiones y otras maquinarias- pertenecientes a una empresa de áridos. Además, en una semana marcada por el paro de algunos grupos de transportistas quienes demandas mayor seguridad, entre otras cosas.
"Este es un escenario no es de una solución sencilla y tampoco inmediata, pero están acá todas las capacidades del Estado para enfrentarlas de forma coordinada y de cara a la ciudadanía"
Izkia Siches
"Como ministerio del Interior queremos condenar los hechos de violencia que han ocurrido recientemente en la Región del Biobío. Nos hemos reunido junto al subsecretario Manuel Monsalve, con las máximas autoridades de las policías; Sergio Muñoz de la PDI y el general Ricardo Yáñez de Carabineros de Chile, para poder trabajar en conjunto y hacer operativas distintas medidas", afirmó Siches al término de la reunión.
La ministra también transparentó que "este es un escenario no es de una solución sencilla y tampoco inmediata, pero están acá todas las capacidades del Estado para enfrentarlas de forma coordinada y de cara a la ciudadanía".
En ese sentido, recalcó que los hechos de violencia "y los problemas centenarios que enfrentamos como país, están dentro de las principales prioridades de nuestro Gobierno; es una de las máximas preocupaciones del Presidente y de esta ministra".
Siches anunció que estas reuniones se realizarán de forma periódica, para así poder dar seguimiento y "para poder hacer que las capacidad del Estado se pongan a disposición de las soluciones".
Por su parte, el subsecretario Monsalve empatizó con quienes han sido víctima de los hechos de violencia, incluyendo a sectores del transporte y la ciudadanía en su conjunto, "y también a quienes ayer fueron amenazados con armas de fuego, queremos solidarizar con ellos y reiterar el compromiso del Gobierno para rechazar todo acto de violencia y perseguir a quienes cometen delitos", recalcó.
Detalle de las medidas
En la instancia, las autoridades detallaron medidas estratégicas y operativas para enfrentar la violencia en la macrozona sur, las que no incluyen la implementación de un Estado de Excepción. "Hay muchas medidas que tomar antes de llegar a implementar una medida como esta, y consideramos que no permite ni dota a las capacidades locales algo muy sustantivo", sostuvo Siches.
En primer lugar,
se fortalecerán las medidas de seguridad en la zona, lo que se materializará con la llegada del general director de Orden y Seguridad de Carabineros, Marcelo Araya, se trasladará a la zona para reunirse con los mandos operativos del Biobío y La Araucanía, para "tomar medidas inmediatas y directas; visibles, palpables y eficaces para la seguridad de los ciudadanos", detalló Monsalve.
En segundo lugar, se destinarán recursos para mejorar las capacidades de seguridad de ambas regiones, con una inversión de $5.500 millones que durante la próxima semana "se va a materializar en la compra de un conjunto de equipamiento para mejorar las condiciones de seguridad", trabajo que se realizará en conjunto con los gobernadores.
Asimismo, Monsalve detalló que también se trabaja en medidas en materia de obras públicas, puesto que este aspecto "tiene una gran incidencia en las condiciones de seguridad, pues las principales rutas del sur de Chile son concesionadas y se nos ha pedido avanzar en pórticos, cámaras y zonas de descanso para el transporte".
También anunció el fortalecimiento de políticas del Estado para atender oportunamente a víctimas de la violencia. En ese sentido, el subsecretario aclaró que "habrá medidas que van a mejorar la oportunidad de ayuda a víctimas, pero también incorpora a quienes estaban fuera de las políticas de reparación, como los conductores de los medios de transporte".
En cuanto a lo estratégico, Monsalve afirmó que habrá una "coordinación de todas las capacidades del Estado", para prevenir y sancionar los delitos que se cometen en la zona.
