La nacionalización de las empresas de la gran minería y el fin de los derechos de propiedad sobre las aguas vigentes en la actualidad, buscarán avanzar este jueves en la Comisión de Medio Ambiente, la última instancia temática de la Convención en votar sus propuestas de normas transitorias.
Desde las 9:30, la comisión deberá pronunciarse sobre las disposiciones que buscan generar la transición entre la actual Constitución y la nueva, en caso de que gane el Apruebo en septiembre. Todo lo aprobado en esa jornada llegará a la Comisión de Normas Transitorias, que generará una propuesta final para presentar ante el pleno.
En ese marco, sobre el estatuto de la minería la convencional Camila Zárate (Pueblo Constituyente) y otros proponen que transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Constitución, "se modificará de pleno derecho la naturaleza jurídica de los títulos,
pasando de concesiones mineras a autorizaciones administrativas". Esto con algunas excepciones, como las otorgadas a las empresas del Estado o a sus organismos.
Además, de acuerdo con la iniciativa, "los titulares de las concesiones mineras extinguidas podrán solicitar, previo a la extinción, la transición al nuevo régimen jurídico".
No obstante, en la misma norma se propone otra vez -a pesar de no ser apoyada transversalmente- la nacionalización de las empresas de explotación y exploración de la gran minería del cobre, litio, "y aquellos minerales que defina la Constitución y la ley, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en el territorio nacional".
El plazo para tomar posesión de los bienes depende de "la oportunidad que determine el Presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de 1 año desde la promulgación de la nueva Constitución para implementar dicha disposición", dice el texto.
Según la norma, el monto de indemnización deberá ser definido por el Contralor General de la República, y las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como "único derecho" el monto del valor libro al 31 de diciembre de 2021 según las normas del IFRS. De ese monto, además, podrá deducirse "el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas".
En tanto, la convencional Carolina Sepúlveda (INN) propone que los titulares de concesiones mineras de exploración y explotación "deberán adecuarse al nuevo régimen jurídico en un plazo no mayor a cinco años, prorrogables por dos más". De todos modos, la norma dice que "para estos proyectos, el plazo de su permiso se extiende mientras se cumplan las condiciones del debido uso que justifica su otorgamiento y no podrá ser menor a la vida útil de los proyectos aprobados por la autoridad en los respectivos planes de cierre".
También se votará una propuesta del constituyente UDI Rodrigo Álvarez, que establece tanto para minería como para aguas que el Estado reconoce y respeta los derechos de los titulares de las concesiones y derechos de uso y goce sobre recursos naturales otorgados con anterioridad a la promulgación de la Constitución, además de reconocer su plena vigencia y garantizar la propiedad de los titulares sobre ellos.
Derechos de aguas: fin de la propiedad
En cuanto a las transitorias sobre el estatuto del agua, la convencional Camila Zárate propone que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, "toda titularidad, título administrativo, autorización, derecho, licencia o concesión respecto al uso, acceso y aprovechamiento de las aguas; cualquiera sea su clase y momento de otorgamiento, reconocimiento o constitución; no constituirá propiedad privada".
Además, que "los usos de aguas regulados en el artículo 56 del DFL 1.122 de 1981, y sus sucesivas modificaciones que componen el Código de Aguas, y el artículo 110 de la Ley 18.248, se entenderán caducados, así como sus artículos derogados".
Y que desde el mismo momento, todo derecho de aprovechamiento de aguas "devendrá de pleno derecho en autorización de uso de aguas en los términos establecidos en la Constitución".
Finalmente, la propuesta contempla que en el plazo de 6 meses de aprobada la Constitución, se nombre una comisión especial a cargo de "realizar un diagnóstico y evaluación para la planificación de la recuperación y reasignación de las aguas".
Sobre los derechos de aprovechamientos de aguas que han sido otorgados a comunidades indígenas y personas naturales indígenas, propone que sean directamente considerados "para todos los efectos legales y reglamentarios como derechos de uso tradicional y de especial protección de los pueblos indígenas".
Las otras propuestas
En tanto, la convencional Trinidad Castillo (Col. Socialista) plantea que en seis meses desde aprobada la Constitución, el Presidente nombre a una comisión especial a cargo del diagnóstico y evaluación de la situación de las cuencas, acuíferos y zonas costeras de Chile. Además, que en dos años el Mandatario deberá ingresar al Congreso una propuesta que incluya en el Código de Aguas el reconocimiento del uso tradicional de las aguas indígenas.
La misma propuesta establece que "con la entrada en vigencia de esta Constitución, los titulares de todo título de aprovechamiento de aguas continuarán usándolas, pero ahora en calidad de usuarios autorizados".
Estos sólo tendrían derecho a indemnización cuando "por la extinción total o parcial de ese derecho, sean efectivamente privados del agua suficiente para satisfacer, mediante un uso racional, las mismas necesidades que satisfacían con anterioridad, en base al uso efectivo que tenían del agua".
