En un año desde entrada en vigencia la nueva Constitución -si gana el Apruebo-, el Presidente Gabriel Boric debería enviar al Congreso el proyecto de ley que crea el nuevo Sistema de Seguridad Social. En 18 meses, el que crea el Sistema Nacional de Salud. Y en dos años, los que crean el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Pública y el Sistema Integrado de Suelos, que forma parte del derecho a la vivienda.
Esa es la propuesta que la Comisión de Normas Transitorias llevará al pleno de la Convención, tras haber aprobado las indicaciones que formularon un grupo de convencionales de izquierda y centroizquierda.
En tanto, según dice la norma que fija estos plazos, el Poder Legislativo deberá concluir la tramitación de estos proyectos en un plazo no superior a 2 años, contados desde la fecha de su presentación.
Esto significa, en teoría, que en tres años desde la entrada en vigencia de la Constitución, como máximo, debería haberse aprobado en el Congreso el nuevo Sistema de Seguridad Social.
“Cuando aprobamos los derechos sociales en la Convención sabíamos que estos no podían convertirse en letra en el papel. Por eso los principales derechos sociales están asociados a sistemas que buscan su implementación”, explicó César Valenzuela (Col. Socialista).
“Los plazos fijados son muy acotados, lo que no me parece porque refiere a una serie de materias diferentes y muy profundas, el Ejecutivo requiere de un tiempo no solo para preparar los proyectos de ley sino para realizar una tarea pre legislativa, tomando en consideración la magnitud que es refundar el país en esas materias”, criticó Pablo Toloza (UDI).
En paralelo, la discusión se entrecruzó con el debate por el quórum de 2/3 para hacerle reformas a la Carta Magna hasta 2026, pues lo que los independientes defienden es que es necesario que ese quórum sea alto, para que antes de pensar en reformas se le dé espacio a la implementación del nuevo texto.
“Se aprobó una norma transitoria que da cuenta de la implementación de los sistemas públicos, que son varios, y evidentemente necesitamos un tiempo donde se pueda implementar este nuevo proyecto de Constitución, y ese es el sentido. No tiene que ver con generar un mecanismo de traba”, sostuvo Janis Meneses (MSC).
Las consecuencias en caso de no cumplir plazos
No obstante, el debate hace un par de semanas también se enfocó en qué consecuencias existirían si el Congreso no tramita los proyectos en los plazos mandatados por la Convención, lo que incluso abrió la puerta a la propuesta de que el Presidente legisle a través de decretos con fuerza de ley.
Eso no prosperó, por lo que -en la mayoría de los casos- los convencionales no dejaron explícita una consecuencia directa ante el incumplimiento de los plazos.
“Es difícil para nosotros establecer una especie de sanción a los parlamentarios si no se cumplen los plazos establecidos, el legislador es democrático, producto de una elección popular, por lo tanto creemos que es la ciudadanía la que tiene que hacer el control efectivo de que se cumpla con esa tarea prioritaria”, sumó Valenzuela.
Una de las consecuencias que sí se fijó está en la norma transitoria que aborda el Sistema Nacional de Salud. Esta dice que, en caso de que no se legisle el proyecto que determina qué órgano público administra los fondos de ese sistema, “se entenderá que estos serán administrados por Fonasa”.
Finalmente, el hecho de que no se legislen los proyectos necesarios para la implementación de los derechos fundamentales no implica que no exista nada que los reemplace.
Esto porque los convencionales aprobaron una indicación que dice que toda la normativa dictada con anterioridad a la Constitución nueva, necesaria para la continuidad del Estado, sus servicios y el debido aseguramiento de los derechos fundamentales, mantendrá su vigencia mientras no sea expresamente derogada, modificada o sustituida, o declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Todas estas propuestas serán votadas en el pleno de la Convención el próximo jueves, donde requerirán 2/3 para avanzar al borrador. En caso de que se rechacen, volverán a la comisión para una revisión y última oportunidad.
