158 páginas tiene la contestación de la defensa de la ministra del Interior, Izkia Siches, ante la acusación constitucional en su contra, presentada por los diputados republicanos por "comprometer gravemente el honor y la seguridad de la nación".
La comisión encargada de recomendar a la sala aprobar o rechazar el libelo -Cristhian Moreira (UDI), María Candelaria Acevedo (PC), Christian Matheson (Ind Evópoli), Fernando Bórquez (UDI) y Natalia Romero (Ins UDI)- recibió este lunes en la noche el documento que responde uno por uno los siete capítulos de la acusación, por lo que, desde ahora, tienen seis días de corrido para votar. Es decir, finalizarán el proceso de audiencias el próximo lunes.
Inicialmente, la contestación revela que acudirán a lo que se denomina
"cuestión previa", la cual se presenta justo antes de votar la acusación en la sala de la Cámara. De aprobarse la "cuestión previa" el libelo quedaría sin efecto, mientras que, si se rechaza, seguiría su curso.
Con respecto al primer capítulo, en donde se le acusa a la ministra de retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado en relación al estallido social, la defensa aseguró que el encargado de perseguir los delitos, sin necesidad de que Interior realice las denuncias, es el Ministerio Público.
En el segundo capítulo, que habla de la falta de denuncia por parte de Interior en el ataque de Temucuicui, la defensa menciona que "no existe tal cosa como un deber de interponer querellas, por lo que mal puede existir una omisión de querella como supuesto de infracción. En segundo lugar, aunque sí existe para las y los funcionarios públicos un deber de denunciar los hechos constitutivos de delito que sean conocidos en el ejercicio de la función que desempeñen, en este caso no existe omisión de denuncia, pues la denuncia se realizó".
En relación al tercero, el cual dice relación al término Wallmapu y el conflicto que causó con Argentina, la contestación argumenta que los hechos que vinieron después, como la "exitosa gira" del presidente, y la aclaración de Siches y de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, demuestras la
inexistencia de un "impasse político y diplomático".
El siguiente capítulo hace relación con respecto a la acusación falsa de Siches sobre un avión con venezolanos que habría ido y vuelto a ese país con los mismos pasajeros. El argumento que esboza el documento que la ministra intervino "con información equívoca o imprecisa cuyo origen se debió a desprolijidades que no me fueron imputables en absoluto. En efecto, esta información fue rectificada públicamente, tan pronto tuve conocimiento del equívoco".
Sobre el quinto, que habla de comprometer la situación migratoria en el norte de nuestro país, la ministra menciona que las expulsiones no son de su competencia, sino que del Poder Judicial, cuando entra en conocimiento de algún delito cometido por un extranjero que vive en Chile de forma irregular.
El penúltimo capítulo acusa a Siches de una reacción tardía frente a los hechos de violencia en la Macrozona Sur. Sobre ese tema, la defensa asegura que estos no pueden ser atribuibles a una persona, ya que la ministra lleva solo tres meses en el cargo, y este es un conflicto que se arrastra desde hace años.
Finalmente, en el último capítulo, se hace referencia a la decisión del Ejecutivo de no querellarse contra el llamado de Héctor Llaitul a levantarse en armas contra el gobierno. A eso, la ministra responde que esa persecución la puede realizar el Ministerio Público a través de los fiscales”.
Invitados de la UDI
El documento entregado por la bancada UDI -representada en la comisión por Moreira y Bórquez- contiene 28 nombres para invitar a la Comisión Revisora para entregar sus puntos de vista con respecto a las acusaciones que se le hacen a la ministra.
Son cinco subtítulos: Autoridades y asesores del gobierno del presidente Gabriel Boric, autoridades y asesores del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, otras autoridades en ejercicio, sociedad civil, académicos.
Dentro de la primera categoría se encuentran 12 personas que pretenden invitar en los seis días que quedan. Entre ellos se encuentra los subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, el director del Servicio de Migración y Extranjería, Luis Thayer.
Además, proponen invitar a los delegados presidenciales del Biobío, La Araucanía, Tarapacá, Tamarugal y Arica y Parinacota. El exjefe de gabinete de Siches, Roberto Estay y el exencargado nacional de pueblos indígenas del ministerio, Salvador Millaleo, entre otros.
