En medio de una controversia, ayer viernes el Congreso aprobó por cuarta vez la prórroga del
estado de excepción para la Macrozona Sur (específicamente en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío), la cual se extenderá por 15 días más.
En la Cámara de Diputados -donde se suspendió la sesión por un momento luego de una frase emitida por la ministra del Interior, Izkia Siches, que provocó la reacción de la oposición-, se aprobó con 121 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, en tanto, en el Senado se logró con 30 votos a favor y una abstención.
Algunos parlamentarios de la zona consultados por Emol abordaron la decisión final del Parlamento y, mientras algunos destacaron la extensión de la medida constitucional, aunque precisaron que "no es la solución de fondo", otros consideraron que se debe ampliar a otras regiones.
Tal es el caso del diputado por la Región de Los Ríos, Bernardo Berger (IND), quien tras el último atentado registrado en Panguipulli - donde se incendiaron cuatro cabañas y una capilla-, señaló que se debe "extender el estado de excepción constitucional hacia Los Ríos", ya que tiene "total justificación".
"Como diputado de la región no puedo menos que exigir al Gobierno que cumpla con su deber de extender el estado de excepción constitucional hacia la Región de Los Ríos de una vez por todas", precisó.
La diputada por la Región del Biobío, Francesca Muñoz (RN), afirmó que "la extensión del estado de excepción constitucional es necesario, porque las víctimas del terrorismo lo necesitan en la Macrozona Sur". Ahora bien, dijo que "lamentablemente no se vislumbra un involucramiento mayor del Gobierno en temas de seguridad como presentar proyectos de ley que vengan a mejorar las herramientas existentes o colocar suma urgencia a proyectos que ya están en el Congreso".
Además, sostuvo que hubo "falta de determinación en querellarse contra los dichos de (Héctor) Llaitul, que finalmente sí hizo, o el no extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos. Éstas son pésimas señales, por lo tanto, el panorama es incierto".
En la misma línea, la diputada por la Región de La Araucanía, Gloria Naveillan (Partido Republicano), manifestó que el estado de excepción permite "que exista una relativa mayor tranquilidad para circular y sirve para que haya un mayor control con personal de Fuerzas Armadas y de Carabineros, pero por sí solo no sirve de nada".
La medida constitucional, según precisó, "necesita ir acompañada de acciones que permitan perseguir el delito de manera eficiente". Para eso, dijo que "tenemos en el Congreso dos proyectos de ley, pero que están literalmente durmiendo, el de robo de madera y el de usurpaciones. Mientras el Gobierno no le ponga suma urgencia, la verdad es que poco se avanza". Además, precisó que "es necesario avanzar hacia una ley efectiva y eficiente que pueda perseguir el delito organizado".
Por otro lado, la parlamentaria expresó que "si la ministra (Izkia Siches) va a volver a presentarse en 15 días más en el Congreso a pedir una nueva renovación del estado de excepción, una muy clara señal de intención de poder solucionar las cosas y realmente avanzar, sería agregar a la Región de los Ríos -por los últimos ataques reportados- y, además, poner urgencia a los dos proyectos de ley mencionados y avanzar en un proyecto rápido para el control del crimen organizado".
El también diputado por la Región de La Araucanía, Stephan Schubert (IND), dijo que "nos alegramos mucho de que se haya aprobado una extensión del estado de excepción", aunque precisó que "obviamente eso no soluciona el problema, es una solución parche para intentar contener la violencia desatada y, por lo tanto, debe ir acompañado de otras medidas que permitan poner término a la medida constitucional y seguir adelante con la normalidad, aparentemente aún estamos lejos de ello".
Respecto a si aprobaría una nueva extensión, señaló que "hay que estar nuevamente en esa situación, ver una vez que termine el actual cómo están las cosas. Como no vemos resultados inmediatos, probablemente vamos a tener una discusión similar y una decisión del mismo tipo dependiendo si los parlamentarios del oficialismo están dispuestos a apoyarlo o no (...) Cada situación hay que analizarla en su oportunidad, porque las cosas van cambiando de manera rápida y no podemos hoy adelantar qué va a ocurrir, dependerá de la seguridad y otras medidas que aporte el Gobierno".
Desde la Democracia Cristiana, la diputada por la Región del Biobío Joanna Pérez, comunicó que "sin duda que el estado de excepción y todas las prórrogas que hemos tenido con el Gobierno pasado y este no van ni apuntan al tema de fondo, pero al menos permite mantener un estado seguro donde al menos garanticemos el libre tránsito y podamos ojalá ir mejorando las condiciones estratégicas, de inteligencia y de anticipación a los delitos que se cometen en esta zona".
Agregó que "lo que no podemos permitir es que se amplíe el espectro territorial donde estos grupos armados están funcionando, de manera que hoy día están llegando a Los Ríos y en Biobío siguen avanzando. Más allá del tema de seguridad, de las fuerzas policiales, del Ministerio Público, tenemos que abordar los temas sociales".
"Aquí hay comunidades pacíficas que también necesitan desarrollo, progreso, caminos y también sienten que se les está dejando y, por lo tanto, tenemos un espacio de desplazamiento forzoso que es complejo, porque muchas personas están dejando el territorio donde viven obligados, porque el estado de derecho no está presente ahí y no se les garantiza una seguridad, por lo que sin duda seguiré aprobando y me gustaría que se ampliara hasta Los Ríos y que no fuera acotado", añadió.
Una opinión distinta expresó el senador por La Araucanía, Jaime Quintana (PPD), quien señaló que la medida no ha respaldado la medida constitucional en el Gobierno anterior ni en el actual, porque no cree que "ello esté contribuyendo a la solución de violencia que existe en la zona".
"Aquí las medidas que hay que tomar son otras y tienen que ver con retomar los ritmos de prevención del delito que teníamos hace muchos años, mejorar la inteligencia policial, tener una capacidad más proactiva de anticiparnos a estos hechos de violencia, y eso no necesariamente necesita la presencia de militares en las calles. Se habla de que la presencia podría generar un efecto disuasivo, pero en los hechos no es así, porque en La Araucanía, por ejemplo, tiene la red vial más extensa y es imposible tener un contingente para cada camino secundario o para cada tramo de la carretera, no es posible, entonces hay una percepción subjetiva de aparente calma cuando no lo es y cuando no lo fue con Sebastián Piñera", detalló.
Añadió que a su juicio el estado de excepción "no soluciona el problema de fondo, pues este si es más acotado que el que tenía el Presidente Sebastián Piñera. Como se ha dicho, el que tuvo el Presidente Piñera por casi siete meses terminó con cifras de aumento explosivo en materia de delincuencia en las regiones del sur, particularmente en La Araucanía. Parece que a algunos se les olvidara lo que eran las cifras de homicidios, de atentados, de quemas, allá por enero o febrero de 2022, hasta el final de su Gobierno, y eso que en ese momento se contaba con estado de excepción entre comillas con todas las atribuciones".
Aquí, acotó, "hay una falsa sensación de seguridad con inadecuada información por parte de quienes están a cargo. Por lo menos al Congreso no se le ha entregado toda la información requerida ni en este estado de excepción ni en el del Gobierno anterior. Creo que no se ha hecho un estudio en serio y riguroso de cuáles son las consecuencias de la medida constitucional, donde más bien lo que el conflicto hace es trasladarse de un lado a otro y lo que no considera, además, es que este conflicto tiene ciclos y hay ciclos altos y ciclos bajos. Probablemente hoy día estemos en un periodo de baja ocurrencia de hechos delictuales, probablemente, porque todos los días estamos sabiendo la ocurrencia de algunos".
Por su parte, el senador por la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS), señaló ayer en la sesión de votación que "evidentemente tenemos que confiar en las policías, quienes investigan y quienes entregan los datos que serán el soporte de la ampliación, en algún minuto, de este estado de excepción hacia otros lugares que también merecen la protección (...) Pero estamos en una situación difícil que no empezó hace 140 días, y también la invitación a asumir con responsabilidad lo que no se hizo en 1.200 días", haciendo referencia a las críticas que estaba recibiendo el Gobierno en intervenciones de congresistas de oposición.
