El diseño que se terminó imponiendo en la Convención Constitucional para abordar el excesivo centralismo del país fue un Estado regional, que intenta darle mayor autonomía a las regiones, lo que ha sido ampliamente debatido, defendido y criticado. Uno de los puntos más discutidos sobre este diseño es la capacidad de los gobiernos regionales y locales de endeudarse, lo que ha sido cuestionado por algunos académicos por los "riesgos" que podría traer.
La norma en cuestión es la 250 del proyecto de nueva Constitución, que dice que "los gobiernos regionales y locales podrán emitir deuda en conformidad con lo que disponga la ley, general o especial".
De acuerdo con el artículo, esa ley establecerá al menos seis regulaciones: la prohibición de destinar los fondos recaudados mediante emisión de deuda o empréstitos al
financiamiento de gasto corriente; mecanismos que garanticen que la deuda sea íntegra y debidamente servida por el deudor;
la prohibición del establecimiento de garantías o cauciones del fisco; el establecimiento de límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual del gobierno regional o local respectivo;
restricciones en períodos electorales; y la prohibición del uso de los recursos para "remuneraciones ni gasto corriente".
El artículo se aprobó el 5 de mayo pasado por 107 votos a favor, 36 en contra y 6 abstenciones. Quienes no lo apoyaron fueron representantes de Vamos por Chile, algunos INN, Marcos Barraza y Bessy Gallardo y la ex convencional de LLDP María Rivera.
La propuesta venía de la Comisión de Forma de Estado, donde se aprobó por 13 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones. Nuevamente, en esa instancia Vamos por Chile rechazó o se abstuvo, al igual que dos escaños reservados; y otros independientes e integrantes del Col. Socialista se abstuvieron.
Los riesgos: el rescate del gobierno central
La diferencia con lo que ocurre hoy, según explicó a Emol el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, es que actualmente los gobiernos regionales y locales no pueden emitir deuda. Lo que sí pueden hacer es suscribir convenios de programación con el gobierno central, mediante los que el gobierno regional compromete parte de sus ingresos futuros para concretar una obra. Pero no sería un "endeudamiento", de acuerdo con Irarrázaval, porque el gobierno central retiene los ingresos futuros.
"Por ejemplo; un gobierno regional puede convenir con el Ministerio de Salud el adelantar la reposición de un hospital que estaba comprometido a futuro. Para ello se compromete a hacer aportes desde sus ingresos, conjuntamente con los recursos del gobierno central, en este ejemplo, el Ministerio de Salud", comentó Irarrázaval.
"Aunque se establezca que no pueden haber garantías o cauciones por parte del fisco, esto en la práctica ocurrirá a ciencia cierta"
Ignacio Irarrázaval, UC
A su juicio, la norma que contempla el proyecto sería "muy riesgosa". "El sobreendeudamiento de las provincias argentinas fue el inicio de la crisis fiscal que aún no logran controlar. Los resguardos del articulo 250 de la propuesta de Constitución son totalmente insuficientes y poco precisos. Aunque se establezca que no pueden haber garantías o cauciones por parte del fisco,
esto en la práctica ocurrirá a ciencia cierta", planteó el académico.
"El Estado o gobierno central no podrá permitir que un gobierno regional o municipal ‘quiebre’ y cierre sus operaciones. De hecho esto ya ha sucedido con los municipios de Valparaíso e Iquique en que el gobierno central los ha rescatado", agregó.
La economista e integrante de la Red Pivotes, Elisa Cabezón, argumentó también en esa línea. Para Cabezón, la norma "abre la puerta a que Chile se transforme en Argentina, España, Brasil, donde el gobierno central terminó rescatando a aquellas regiones que se endeudaron por encima de sus capacidades. En todos esos casos la crisis fiscal puso en riesgo el gasto del país completo. Es un salto fuerte y puede ser peligroso", dijo en El Mercurio de Valparaíso.
"No es creíble que el Fisco no vaya a ir al rescate de un gobierno regional si la alternativa es disminuir los servicios públicos de esa región. Imaginate la disyuntiva: el gobierno central rescata a una región de su deuda o no lo hace, permitiendo el recorte de los servicios públicos o, por ejemplo, la atención en los hospitales", sostuvo.
Las limitaciones: lo que dice el borrador
En cambio, la académica UC y doctora en ciencia política de la Red de Politólogas, Julieta Suárez-Cao, planteó que es necesario "dejar de infantilizar a las regiones". Según la politóloga, la premisa de la crítica sería incorrecta, porque "la capacidad de tomar deuda está muy limitada en la propuesta de nueva Constitución. Esto es una ley de acuerdo regional. Sale de la Cámara de las Regiones, del Congreso y de la Presidencia de la República", aseguró.
Además, Suárez-Cao remarcó que hay otras limitaciones constitucionales "que impiden que esa deuda pueda ser tomada con fines políticos, el famoso gasto clientelar. La propuesta prohíbe que sea tomada deuda para gasto corriente, prohíbe que sea tomada para remuneraciones, y prohíbe que sea tomada en año electoral. La propuesta delinea los instrumentos para que esa toma de deuda, siguiendo todos los principios constitucionales de eficiencia, responsabilidad fiscal, entre otros, no sea desmedida ni usada políticamente", afirmó.
"Existirá una ley que podrá agregar o precisar aún más esta norma"
Egon Montecinos, U. Austral
En el mismo marco, para el director del Centro de Estudios Regionales de la U. Austral de Chile,
Egon Montecinos, el "riesgo" no sería tal por las restricciones que establece el proyecto de nueva Constitución en el mismo artículo 250.
"Además de estas restricciones, existirá una ley que podrá agregar o precisar aún más esta norma. No le veo riesgo, al menos en estos aspectos, más bien me surge una pregunta: ¿Cuál es el temor a que Municipalidades y Gobiernos Regionales emitan deuda? Es una forma de potenciar el desarrollo territorial usada en Europa, Asia y América Latina, sobre todo en los países OCDE, con los que tanto nos gusta compararnos", aseveró Montecinos.
En cambio, según el académico, los beneficios serían mayores, pues se podrían "complementar obras emblemáticas para comunas, y regiones, iniciativas que a veces no considera el Estado central o no contempla el mercado. O simplemente impulsar iniciativas que son significativas para un determinado territorio y no para todo Chile o la propia región".
