Luego de una nueva jornada marcada por la violencia en las inmediaciones y los alrededores de los liceos emblemáticos de Santiago, que terminaron con un alumno del Liceo Nacional apuñalado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el Ejecutivo pedirá al Ministerio Público la designación de un fiscal con dedicación exclusiva a este tipo de hechos.
Es decir, todas las causas que ingresen –si el fiscal nacional decide acoger la solicitud del Gobierno- sería responsabilidad de esta persona. Pero para quienes ejercen o han ejercido como fiscales les genera la duda de si esta designación significaría también un equipo policial exclusivo y más recursos para la persecución de estos delitos.
Por una parte, el ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales,
Claudio Uribe, cree que este nombramiento
no sería eficaz "mientras no venga acompañado de mayores recursos humanos y materiales para la investigación".
Para él estos actos "tienen más bien un efecto comunicacional, pero en la práctica no producen gran cosa (…) lo que tenemos generalmente es que simplemente se designa a una persona dentro de la fiscalía para asumir un rol sin perjuicio de la cual sigue cumpliendo sus demás funciones que son bastantes y no hay además un desplazamiento de mayores recursos investigativos. No pasa de ser un saludo comunicacional que no resuelve el problema delictual de fondo".
El fiscal en ejercicio, Manuel Guerra, opina distinto, aunque reconoce que podría resultar en un trabajo eficaz "en la medida en que haya un equipo policial dedicado exclusivamente y que actúen con prontitud y rapidez".
Guerra explica su impresión de la solicitud: "(Creo que) lo que el Gobierno pretende es que el fiscal investigue esto como una red organizada de gente que puede pertenecer a distintos establecimientos, pero que también puede ser gente externa, y que está ocasionando delitos y destrozos importantes".
Y agrega: "Tengo la impresión de que la teoría que está detrás de esto, del Gobierno, es la de entender que se trata de un fenómeno que tiene cierto nivel de organización de personas que actúa a través de distintos colegios. Eso es algo que tendrá que evaluarse y verse si se dan las características para designar a alguien en ese sentido".
En ese sentido le parecería una decisión "razonable porque la idea es que la información no se pierda, que confluya en una sola persona que trabaje con un equipo policial (…) yo creo que se puede efectivamente determinar si existe uno o más grupos que está detrás de este tipo de hecho y tratar de desarticularlo".
Desde la Asociación Nacional de Fiscales explican que esta persona no tendría más atribuciones, sino que agruparía los casos que actualmente se investigan de forma aislada y podría darles una línea investigativa común.
Parlamentario
Las reacciones políticas han sido diversas con respecto a la petición de La Moneda, aunque la mayoría está de acuerdo en que es una buena medida, hasta la oposición.
Cristián Araya (PRep), diputado integrante de la Comisión de Seguridad, si bien cree que es una decisión que llega ocho meses tarde "la designación de un fiscal especializado en esta materia es un avance”. Sin embargo, critica lo siguiente: "Hay una enorme cantidad de fiscales preocupados de perseguir a carabineros de Chile y recién ahora ingresa una solicitud de estas características para responder a la violencia en los liceos emblemáticos. O sea verdaderamente hemos perdido el tiempo durante 8 meses".
En ese sentido concuerda el senador UDI,
Gustavo Sanhueza, quien es parte de la Comisión de Educación. Para él esto "debiera haberse hecho hace mucho tiempo. La violencia que ha ocurrido sobre todo en los liceos emblemáticos tiene que ver con hecho que tienen otra connotación.
Hay una instrumentalización dentro de los establecimientos más que las demandas de los estudiantes", haciendo referencia a lo esbozado por Guerra.
Sanhueza agrega que "de todas maneras" esto resultará eficaz. "Nosotros echábamos de menos una intervención del Gobierno, del propio ministerio de educación. No son cosas que se puedan normalizar. Creo que esta es la primera acción concreta que se ve de parte del Gobierno con un espíritu de poder combatir este secuestro de los estudiantes de estos establecimientos emblemáticos".
Desde el oficialismo el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva (PS) comparte "absolutamente el requerimiento del Gobierno en orden a solicitar un fiscal especial. Es un tema delicadísimo. La violencia en todas sus formas debe ser erradicada, pero más cuando compromete algo tan fundamental como son los establecimientos educacionales y la convivencia escolar por eso se requiere una mano firme y justa que se haga cargo de esta problemática".
De esa misma instancia, la diputada comunista, Alejandra Placencia comentó que esta es una "buena señal" ya que son "hechos graves que requieren ser investigados", y si bien cree que "un fiscal especializado investigando estos hechos puede ser eficiente en la medida que cuente con las competencias especializadas que requieren estos casos, la investigación debe ser cuidadosa y no puede implicar una interrupción de los ya bastante detenidos procesos de aprendizaje, ni tampoco criminalizar comunidades enteras".
