Pese a las explicaciones dadas por el Gobierno que derivaron en la salida de
Marcela Ríos del Ministerio de Justicia y a la acusación constitucional presentada ayer en su contra por Chile Vamos, RN aún estudia la alternativa de presentar un libelo al Presidente
Gabriel Boric, algo que también están analizando desde Republicanos.
En el caso de la bancada de diputados de RN, el partido sostendrá este martes una reunión clave a la hora de almuerzo donde revisará un informe jurídico realizado por el abogado constitucionalista Javier Arancibia, y donde se analiza la posibilidad concreta de una AC al jefe de Estado.
La tarea había sido encomendada hace algunos días a los diputados de RN, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum. Y si bien el texto será un insumo importante, será finalmente, según dicen, una decisión política que tomen como bancada.
Tras las explicaciones dadas ayer por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sobre las "desprolijidades" en los indultos presidenciales, el jefe de la bancada RN, Andrés Longton, indicó que la AC al Presidente "está sobre la mesa. Imagínate si el señor Castillo vuelve a cometer un delito grave, ¿a quién van a apuntar con el dedo?, al Gobierno, al Presidente de la República. Por lo tanto, el Presidente tiene en sus manos el poder revocar estos decretos para efectos de poder, además, atenuar una posible acusación constitucional contra él".
A ello, se suman además las declaraciones que han dado varios abogados sobre el tema en particular.
El informe de RN
Al respecto, el diputado Mellado dijo que "la única manera es volver este error a fojas cero para que pueda enmendarlo (el Presidente), en caso contrario nosotros tenemos que actuar políticamente dado de que tenemos el sustento jurídico. Acá hay un tema que tenemos que decidir cómo bancada, si decidimos avanzar un paso obviamente vamos a pedir el beneplácito del resto de Chile Vamos para poder avanzar en conjunto".
El informe al que tuvo acceso Emol, tiene cinco páginas y se titula "Elementos de juicio para ponderar un ilícito constitucional del Presidente de la República". En su punto tres se aborda la ponderación jurídica de una medida de este tipo, tras el otorgamiento de los indultos presidenciales al ex frentista Jorge Mateluna y doce condenados en el marco del estallido social.
"En concreto, existe una divergencia deliberada entre la voluntad real del Presidente, consistente en revisar el fundamento y contenido de una sentencia judicial que estima injusta, y la voluntad manifestada en el Decreto Supremo, relativa a indultar a un sujeto condenado debido a antecedentes penitenciarios surgidos con posterioridad al fallo", se afirma en el texto.
Con ello, se agrega que "la simulación jurídica del Presidente determina que la finalidad real, verdadera y genuina de su Decreto es el ejercicio de una potestad prohibida para el órgano presidencial por corresponder exclusivamente al Poder Judicial".
De este modo, se considera allí que "esta transgresión de la prohibición constitucional del artículo 76 constituye una infracción 'abierta' de la Constitución, según lo ha definido la doctrina y práctica relativa a las acusaciones constitucionales".
"A raíz de la declaración expresa del Presidente, la infracción de la Constitución parece ser abierta, pues no queda lugar a dudas de que la voluntad real del Presidente consistió en extinguir en la práctica los efectos de un fallo judicial que estimó injusto por graves irregularidades procedimentales. Lo infringido es un deber negativo o prohibición de carácter absoluto, razón por la cual no admite excepciones", se acota.
Se agrega además que "la simulación jurídica del Presidente determina que su Decreto Supremo adolece de desviación de fin, lo que determina su invalidez jurídica según lo ha determinado la jurisprudencia de la Corte Suprema".
Partido Republicanos aún en estudio
En lo que respecta a la bancada del Partido Republicano, el estudio de los antecedentes está en manos del centro de estudios Ideas Republicanas y de los abogados asesores de la bancada.
Sobre el mismo el jefe de la bancada de Republicanos, José Carlos Meza, explicó a este medio que "los tiempos todavía tienen que transcurrir, el estudio tiene que hacerse con responsabilidad. Por ejemplo, en el caso del ministro Jackson nosotros anunciamos el 5 de diciembre el estudio de la acusación y recién la presentamos el 3 de enero. Tratándose de un Presidente de la República, esto probablemente nos tome más tiempo, porque es la máxima magistratura de nuestro país y además las causales son de la máxima gravedad".
Junto a ello, Meza planeó que "lo que declaró ayer la ministra Vallejo pone en un severo aprieto al Presidente y es él quien personalmente tiene que aclarar esta situación, porque puede ocurrir que efectivamente él no haya tenido los antecedentes a la vista y la desprolijidad corresponda a él (...) Pero tratándose de un compromiso de campaña, él habló de 'dar libertad a los presos del estallido'. Y tratándose del caso de Mateluna, que es una persona que él mucho tiempo ha abogado por su inocencia, a mí me parece muy extraño que no haya revisado a fondo los antecedentes" e incluso, acusó, que se pone en riesgo la "seguridad del país" al liberar a ciertas personas.
Sin embargo, algunas voces en la oposición ven poco factible la idea de que prospere una acusación constitucional contra el Presidente, tal y como ocurrió en el pasado con los libelos al ex Mandatario Sebastián Piñera. Más buscaría ser una medida de presión para que eventualmente se revocaran algunos de los beneficios concedidos, algo sobre lo cual se ha abierto un debate jurídico. Sumado a que ya existe una AC contra la ex ministra Ríos.
Guardan AC por falta de firmas
Durante la mañana, los diputados independientes Leonidas Romero, Gloria Naveillán y Gonzalo de La Carrera, junto al de Republicanos Johannes Kaiser, informaron que pese a su intención y de contar con un documento para acusar constitucionalmente al Presidente, guardarán el texto por no contar con las firmas suficientes para su presentación.
Esto, pues según aclararon, varios de los parlamentarios que inicialmente iban a suscribir el libelo, retiraron finalmente su firma del mismo. "Ayer hasta el mediodía teníamos 12 firmas, pero hoy curiosamente se cayeron más de la mitad (...) Vamos a guardar esta acusación constitucional que está hecha en forma seria y responsable, que expertos abogados han dicho que tiene sustento jurídico", comentó el diputado Romero.
Además de los ya mencionados, el escrito tendría las firmas de los diputados Chiara Barchiesi, Jorge Durán, Víctor Pino y Roberto Arroyo.
